Cinco funcionarios que denunciaron por acoso laboral a Alejandra Casablanca, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, fueron trasladados del organismo esta semana. En noviembre, la jerarca fue denunciada ante Presidencia de la República por presuntas acciones y actitudes hostiles hacia el personal de la secretaría. Ahora, cinco trabajadores fueron trasladados a distintas dependencias: al departamento de Gestión Documental y Servicios de Apoyo, al Archivo de Presidencia y al departamento de Gestión Humana. Esto se realizó como parte del protocolo de la investigación administrativa reservada en el organismo. Además, fueron citados a declarar entre este jueves y viernes en el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo. A mediados del mes pasado, Juan Pablo Dos Santos, abogado que desempeñó tareas en Presidencia de la República desde 2021 hasta junio de 2025, presentó una denuncia formal contra la jerarca, en la que describe los hechos de acoso perpetrados por Casablanca. Según el documento, relató hechos de “violencia psicológica en el trabajo, acoso moral y hostigamiento”, que incluía “destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes” de “forma constante y reiterada”. "Estas conductas generaron un clima laboral intimidatorio, tenso e inestable, afectando directamente mi salud emocional y mi desempeño profesional. Durante ese período, viví una sensación permanente de amenaza, tanto respecto a mi estabilidad laboral como a mi integridad psíquica", dice Dos Santos en la denuncia. Casablanca ha sido denunciada por lo mismo en el pasado. Cuando era directora de TV Ciudad, la periodista Denisse Legrand, coconductora del programa La letra chica, presentó una denuncia por violencia ante Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo.
Foto: Dante Fernández / FocoUy (archivo)

Cristina Lustemberg, ministra de Salud, anunció una serie de prestaciones y medicamentos que el Fondo Nacional de Recursos (FNR) incorporará a sus beneficios.
Foto: FocoUy (archivo)
En primer lugar, se amplió la cobertura del implante de cardiodesfribiladores. "A partir de ahora el 100% de los cardiodesfibriladores indicados por cardiólogas y cardiólogos serán financiados por el FNR", escribió la secretaria de Estado en su cuenta de X. Hasta ahora había "indicaciones precisas", detalló la jerarca en rueda de prensa este jueves. Por ejemplo, que un paciente sufra una muerte súbita para que, al ser reanimado, acceda a un marcapasos; también "algún paciente que, en el marco de otro estudio electrofisiológico, se le diagnosticaba una indicación muy precisa". "Eso va a ir de la mano también de algunos estudios electrofisiológicos que son importantes para la colocación de un cardiodesfribilador", añadió Lustemberg. Según profundizó, "paradójicamente a veces el Fondo tiene procedimientos gratuitos", pero para que se llegue a colocar se requiere de un ticket que ronda los $ 100.000 y $150.000. La titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) señaló que esto se incorporará a fines de mes. En segundo lugar, se incorporaron al FNR dos medicamentos más para tratar el cáncer de pulmón. Además, se añadió al Fondo Nacional de Recursos una prestación para que las mujeres embarazadas "con algunos diagnósticos fetales de cardiopatía congénita grave" tengan su cesárea en el Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en donde se va a intervenir al recién nacido. De esta manera se evita "el riesgo del traslado desde el lugar donde nació hasta el IMAE", manifestó la pediatra. Finalmente, se hará un llamado para tener en Uruguay un Centro Nacional de Referencia para atender las cardiopatías congénitas. "En Uruguay hay muy pocos niños y hay que tener un solo centro donde tengamos el mejor equipamiento, los mejores recursos humanos formados para que estos niños tengan las mejores posibilidades de recuperarse", declaró la jerarca del MSP. "Más acceso. Más equidad. Más salud para todas y todos", concluyó en su cuenta de X la ministra.

La Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados elevó un proyecto de ley que plantea la implementación de un curso obligatorio de educación vial para personas que se trasladan en vehículos ligeros motorizados y no motorizados eléctricos. La ley —en caso de ser aprobada— será aplicada para monopatines eléctricos, bicicletas eléctricas o asistidas, ciclomotores de hasta 50 cc o su equivalente eléctrico y otros vehículos similares definidos por la reglamentación. El curso, que habilitará a los conductores de los transportes mencionados a circular en la vía pública, estará a cargo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio del Interior y los gobiernos departamentales. Además, será gratuito. En este, se tratarán las normas de tránsito aplicables a vehículos ligeros, la señalización y prioridad de paso, el uso obligatorio de casco y elementos de seguridad, la convivencia con peatones y vehículos motorizados, responsabilidades legales en caso de accidentes, normas específicas para ciclovías y zonas peatonales y primeros auxilios. Luego de que el curso sea aprobado, se otorgará un certificado que tendrá una validez de cinco años. El documento podrá ser exigido por las autoridades. En caso de que la persona no cuente con la certificación, las autoridades de tránsito podrán aplicar multas administrativas o retener el vehículo.

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se refirió a la reunión del presidente de la República, Yamandú Orsi, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, en la que dialogaron sobre la salud de los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena por homicidios, torturas y desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura. El militar retirado valoró que “es una buena cosa que alguien con responsabilidades políticas se preocupe por un hecho que es bochornoso”. “Acá estamos todos balconeando —y parece que no nos importa— un proceso de venganza claro, porque llamarle justicia a los procedimientos que se han aplicado en los últimos años no corresponde. Es un proceso de venganza, claramente”, manifestó el exsenador en diálogo con Desayunos informales (Canal 12). Manini Ríos consideró que “habla bien” del presidente de la República “que este tema lo mueva” y que “no mire para el costado”. Tal como informara el semanario Búsqueda este jueves, Orsi mostró informes médicos del Hospital Militar —enviados por la ministra de Defensa, Sandra Lazo— sobre la salud de los reclusos. Allí, de acuerdo con el citado medio, el mandatario preguntó cómo debía proceder para que esos informes sean considerados por la Justicia. El mandatario fue consultado por el encuentro en rueda de prensa. “Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar, que como no sabía cómo había que proceder —si había que enviárselo a la Suprema Corte, o cómo era el mecanismo— voy y le pregunto. Y me dijo: ‘Eso lo resuelve cada uno de los jueces’. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente institucionalmente tenía algo que responder y lo hice con quien correspondía”, sostuvo.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er turno ratificó la imputación de Alexandro Infante, expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, por fraude, falsificación ideológica por funcionario público y abuso de funciones. El pasado 3 de setiembre el exedil nacionalista viajó a Argentina y fue declarado en rebeldía por la Justicia tras faltar a la audiencia de formalización, en la cual fueron imputados los exrepresentantes José Luis Sánchez y Darwin Correa. Días después, Infante volvió al país y se entregó ante las autoridades; así, fue imputado el 8 de ese mismo mes. De acuerdo con las evidencias reunidas, relacionadas y argumentadas por la Fiscalía, estas "son suficientes para viabilizar la prosecución de la investigación". "Para el Ministerio Público, Infante, al contratar a un particular [...] para darle trabajo abusó del cargo, ya que lo hizo con dineros públicos", reza el documento. "En efecto, puede conjeturarse fundadamente la participación del imputado", añade. El abogado de Infante, Nicolás Pereyra, había adelantado que iba a apelar la decisión de formalizar la investigación. Argumentó que la conducta de su defendido "no encaja con el tipo penal que se le pretendía imputar". El caso Infante es investigado por el pago de facturas bajo el concepto de obras por "cambio y reparación de luminarias y humedades" del edificio de la Junta Departamental de Maldonado, a una empresa que "jamás realizó obras" allí. En concreto, Infante, que estuvo al frente de la Junta entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, habría dispuesto pagar dos facturas por miles de pesos a la empresa Ramón Sosa: una por $168.000 y otra por $115.400. Este último dinero habría sido recibido por un tal Gutiérrez, quien sí había hecho esa obra porque "le pidió trabajo" a Infante. Crédito fotográfico: Gastón Britos / FocoUy

Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, anunció este viernes que cuenta con la “bendición” de su padre para disputar las elecciones de Brasil de 2026 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Al anunciar su candidatura, afirmó que “cumplirá la misión” de ser candidato en octubre de 2026 para dar continuidad al “proyecto de nación” de su padre, quien lleva 10 días cumplidos de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado. “Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, declaró el primogénito del exmandatario en las redes sociales. En ese mensaje, habló de la inseguridad pública causada por “narcoterroristas” y del “saqueo” de las empresas estatales, criticó la alta carga de impuestos y la falta de expectativas para la juventud. El senador y ahora precandidato recibió el respaldo de la cúpula del Partido Liberal (PL), la formación de derecha que lidera su padre y que cuenta con la mayor bancada en el Legislativo, y también de sus hermanos y de la mujer de su padre, Michelle Bolsonaro, quien en los últimos días ha mostrado una voz propia dentro del clan. El anuncio despeja las dudas en la derecha más radical de cara a los comicios de 2026, en los cuales Lula volverá a ser candidato a un cuarto mandato, encabezando las fuerzas progresistas. De este modo, podría repetirse el escenario de 2022, los comicios más polarizados y reñidos de la historia reciente del país. Tras esas elecciones, en las que Lula se impuso por una pequeña diferencia de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro trató de convencer a la cúpula militar para embarcarse en un golpe de Estado, unos hechos por los que acaba de ser condenado a 27 años de cárcel, que cumple en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia. Los sondeos publicados hasta ahora sitúan a Lula en franca ventaja ante cualquier posible candidato opositor de cara a los comicios del próximo octubre, pero pocas de esas encuestas barajaban a Flávio como el posible abanderado de las fuerzas de la derecha.
Crédito fotográfico: Foto: EFE / Andre Borges