El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en conferencia de prensa que el gobierno rescindirá el contrato con Cardama y presentó denuncias penales y civiles ante la Justicia debido a que hay “fuertes indicios” de que la compra de dos patrullas oceánicas por la administración de Luis Lacalle Pou por US$ 92 millones sea un “fraude” o una “estafa”. El mandatario calificó la situación como un hecho de “gravedad”, por el que decidió iniciar acciones para rescindir el contrato de la empresa Cardama y firmó una resolución el pasado lunes 21 de octubre, según anunciaron en conferencia de prensa junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz. Desde el gobierno informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”. Según Díaz, el Ministerio de Defensa Nacional de ese momento, que lideraba Javier García, pidió asesoramiento al Banco Central, que aconsejó “no llevar esas garantías y sugirió la contratación de un estudio jurídico y un corredor de seguros“. La cartera solo contrató al estudio Delpiazzo, dijo el prosecretario. El plazo para presentar las garantías venció y Cardama no presentó ningún tipo de documento. Una vez que el tiempo expiró, el astillero envió una garantía en inglés, que estaba sin apostillar y sin traducir, de una supuesta empresa llamada Eurocommerce Limitada, que el actual embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez, constató que en Londres había falsificado la dirección de su sede. Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025.  El único director de la empresa es un ciudadano ruso que vive en Rusia; además, tuvo un solo empleado en 2022, 2023 y 2024, dijo Díaz. Ante esta situación, Orsi pidió investigaciones administrativas en el Ministerio de Defensa Nacional, en el BROU y en el Ministerio de Economía y Finanzas. En total, el Estado uruguayo otorgó un total de US$ 30 millones a la empresa, que fue seleccionada por garantizar la primera construcción de una OPV en 18 meses. “No se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación. Este es el problema al que estamos enfrentados”, dijo el secretario de Presidencia. Orsi dijo que el gobierno actual no se comunicó con las autoridades del gobierno de Lacalle Pou, aunque sostuvo que lo hará en caso de ser necesario. El presidente recordó que durante la transición de las administraciones del Frente Amplio y la coalición republicana hubo contacto y Cardama visitó Uruguay. El mandatario afirmó que el Estado “hará lo que sabe hacer, que es cumplir con los contratos”. Cómo se gestó el contrato del gobierno de Luis Lacalle Pou y Cardama El 15 de diciembre de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció, a través del Ministerio de Defensa Nacional, el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por US$ 92 millones de dólares. Uno que la administración de Orsi no renovará. Javier García, quien fuera ministro en aquel entonces, indicó que la firma supuso “terminar con un proceso de 20 años de frustraciones”, ya que en 2014 el Senado uruguayo ya había aprobado unánimemente una declaración en favor de la compra de los buques, necesarios para el funcionamiento de la Armada uruguaya. “Le van a permitir cumplir con su función, que no es para beneficio de la Armada; la Armada es la institución del Estado a la que le corresponde legalmente y esencialmente esta tarea para beneficio del país, porque cuidar los recursos naturales es cuidar riqueza y trabajo de los uruguayos”, expresó el entonces jerarca. Firmada la compra a Cardama, por la cual García fue convocado al Parlamento para dar explicaciones luego de que una empresa española enviara una carta de reclamo al Senado alegando un trato injusto con las demás empresas oferentes de buques de parte de Uruguay, García puntualizaba que la Armada iba a “poder cumplir con su misión”. “Es un día que yo creo nos debe alegrar a todos”, acotó. García dijo que el propio embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez, asistió a la firma del contrato y reiteró su apoyo a Cardama, un astillero que, acotó, tiene 107 años de trayectoria. Según dijo Jiménez al disertar en el evento de cierre del año de la Cámara Española Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay —al que asistió, además de García, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou—, con esta compra España se convierte en el principal proveedor de material de defensa de Uruguay. “Creo que es muy importante; primero, porque supone un voto de confianza en la industria de defensa española, y segundo también porque creo que va a aportar unas capacidades al Uruguay que son muy necesarias”, remarcó el embajador. A fines de 2024, el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, había asegurado que la construcción de las dos patrullas oceánicas que el gobierno compró a Cardama por US$ 92 millones comenzó su “etapa final” y habló sobre la posibilidad de que el Frente Amplio no avance en la adquisición durante el próximo gobierno. En primera instancia, el jerarca dijo que no es “abogado”, pero que considera que en el caso de que la administración de Yamandú Orsi no siguiera con el proyecto podría resultar en “un lindo juicio para el país”. De este modo, el ministro destacó que el astillero español Cardama “cumplió 100%” con su contrato. “Esperaremos a conversar y la decisión de cada uno”, dijo en rueda de prensa. “Si nosotros hubiéramos terminado este proceso la semana pasada, el depósito ya estaba hecho y había comenzado el proceso de construcción”, dijo Castaingdebat. Las declaraciones del ministro fueron en el marco de la llegada del buque ROU 22 Oyarvide, que la cartera costeó por su cuenta y tuvo un costo de US$ 3 millones. *** Foto: FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció el miércoles 22 de octubre, junto al secretario y prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, por incumplimiento de un acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2023, durante la administración de Luis Lacalle Pou. El contrato ascendía a US$ 92 millones. En aquel entonces, la empresa anunció el acuerdo como “un importante contrato para la construcción de patrulleras de altura tipo OPV (Offshore Patrol Vessel)”. El astillero había especificado que las dimensiones principales de los buques serían de 86.75 metros de eslora y 12.2 metros de manga, y serían entregados a la Armada Nacional para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país.” El contrato de 2023 fue firmado por el ministro de Defensa, Javier García, y el presidente de Astilleros Cardama, Mario Cardama, con la presencia del embajador de España en Uruguay, Santiago Jiménez Martín, el subsecretario Rivera Elgue, el comandante de la Armada Nacional, almirante Jorge Wilson, el director general del ministerio, Fabián Martínez, el director de Recursos Financieros del ministerio Damián Galó, José Delpiazzo (director del estudio jurídico que elaboró el contrato) y contralmirantes de la Armada Nacional. Cardama Shipyard se describe como heredera de una “larga experiencia en la construcción y reparación de buques proveniente del bagaje histórico de la zona donde se encuentra ubicada [Pontevedra]”. El astillero fue fundado en 1916 por Francisco Cardama Godoy. Inicialmente, se dedicó a la construcción y reparación de buques de madera y a la fabricación de pinturas. En la década de los 60, se transformó “para poder varar y reparar buques de acero, fundamentalmente de pesca”. Actualmente, Cardama afirma haberse consolidado “como uno de los constructores de buques más prolíficos de España” y destaca su experiencia en proyectos de “ámbito internacional”, habiendo entregado buques en países como Angola, Irak, Marruecos, Islandia, Reino Unido, Argelia, Benín, Ecuador y Venezuela, entre otros. Esta proyección internacional los “sitúa en una posición preferencial para poder competir con los más grandes astilleros a nivel mundial, ayudando a colocar a la empresa y al sector naval español en una envidiable posición de gran reconocimiento internacional dentro del mercado de la construcción naval”. Mario Cardama, dueño del astillero, reaccionó a la decisión del gobierno de Orsi, asegurando que la empresa no ha incumplido el contrato firmado con el Estado uruguayo para la construcción de las dos patrullas oceánicas y que nunca fue notificado oficialmente de ninguna irregularidad. En entrevista con Informativo Carve, el empresario sostuvo que las garantías fueron “analizadas y aceptadas por los estamentos del gobierno uruguayo: sus asesores jurídicos y bancarios”. “Nosotros no somos responsables si alguna de estas cosas después es distinta”, afirmó. El empresario relató que se reunió con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el 10 de octubre, y que en ese encuentro “no se hizo ningún comentario sobre que estuviéramos incumpliendo nada”. “Mi sorpresa fue cuando ayer por la noche me entero de que hay una rueda de prensa en la que se comunica que se va a ejecutar nuestro contrato por incumplimientos”, señaló. Cardama también respondió a las declaraciones del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien afirmó que la institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, no existía en la dirección declarada y que el director era un ciudadano ruso. “Yo esta mañana me he puesto en comunicación con el Eurocommerce Bank y me comunicaron que se había cambiado la dirección, que me la iban a comunicar por escrito. Creo que no le hubiera costado nada escribir un correo a Cardama y decir: ‘Señores, hemos estado en esta dirección, y el banco no está allí’”, aseguró. El empresario confirmó que la construcción del primer barco “está avanzada en un 60%” y que “el 90% de los materiales del primero y del segundo ya están pedidos o confirmados”. “Tengo 500 trabajadores; eso no lo voy a parar de forma inmediata. Voy a esperar unos días porque voy a solicitar una reunión con el presidente Orsi para intentar aclarar el tema”, comentó. Consultado sobre el estado actual de la garantía, Cardama insistió: “Para mí, sí está vigente. He presentado la renovación; está vigente y he pagado la renovación. Hasta la fecha de hoy, no he incumplido el contrato que yo sepa. Nadie me ha comunicado que he incumplido el contrato”, reiteró. Cardama señaló que su intención es continuar con el proyecto y buscar una solución: “Lo lógico es que me reúna con el presidente para tratar de aclarar los problemas que hay, y seguir con el contrato. Si no quieren seguir, se tomarán las decisiones que tengan que tomarse”. Desde el gobierno informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”. Uruguay pagó unos US$ 30 millones al astillero español. Crédito fotográfico: Cardama

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advierte que un frente semiestacionario afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes. Por esa razón, emitió esta mañana una alerta de nivel naranja, y otra de nivel amarillo. De acuerdo con el citado organismo, en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Ambas alertas se producen dentro del periodo de vigencia de un aviso especial emitido por Inumet en la tarde del viernes. Imagen de archivo - Gerardo Carrasco

En su espacio matutino en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis esbozó un panorama del tiempo en las próximas horas, y dijo que —al menos en lo que respecta a Montevideo— lo peor está por venir. "Hoy viernes, donde está más complicado es en Río Negro, Paysandú y Salto, con tormentas fuertes", explicó. En cuanto a Montevideo, hay lluvias y a las 15:00 alguna célula de tormenta de despistada, pero de poca importancia: "lo importante es la lluvia", detalló. Para Ramis, lo más fuerte de las tormentas llegará mañana. "El sábado va a estar complicado, porque tenemos tormentas desde Salto hasta Maldonado, con células de tormentas incursionando en Montevideo y registros pluviométricos interesantes", dijo. Además de lluvias copiosas, también se esperan "vientos del sur de 40 km/h, con rachas de 50", y enfatizó que algunas de las antes mencionadas células de tormenta serían "puntualmente fuertes". Por fortuna, siempre que llovió, paró: Ramis explicó luego que "a las 17:00 horas empieza a mejorar en Montevideo" y cesan las lluvias, por lo que "las actividades nocturnas al aire libre no van a tener problema". De acuerdo con el pronóstico del profesional, el domingo estará soleado en todo el país, con temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 21.

El Directorio de Antel aprobó el pasado jueves el contrato que designa a la subsidiaria estatal ITC SA como la nueva empresa encargada de la gestión del complejo multifuncional Antel Arena. Esta decisión, adoptada por mayoría, se produce como respuesta al retiro del actual proveedor de servicios de gestión de América Latina, obligando a definir un cambio en la administración del recinto. Una de las claves de la transición, según la información proporcionada, es la continuidad del equipo profesional. Se espera que los trabajadores actualmente empleados por el anterior gestor (AEG) sean contratados por ITC para proseguir con la gestión, con el objetivo de reducir el "riesgo de fuga de talentos". En términos de eficiencia, Antel proyecta un ahorro estimado de U$S 500.000 anuales con la nueva gestión. "Las responsabilidades de Antel respecto al polideportivo continúan siendo las mismas, sin que implique un mayor desembolso o una mayor dedicación de recursos humanos propios", agrega la misiva de la empresa. El comunicado de Antel pone énfasis en las cifras de operación de 2024, un año considerado "tipo" al no estar influido por el inicio de actividades ni por los efectos de la pandemia. Los datos utilizados provienen de reportes del proveedor de servicios de gestión auditados por CPA Ferrere, así como de reportes de ingresos por entradas de Tickantel. Durante ese ejercicio, el Antel Arena albergó 100 presentaciones con una asistencia total de 263.756 personas, y los ingresos por venta de entradas ascendieron a U$S 12.213.211. El resultado por operación del estadio en 2024, según la perspectiva de la empresa pública, fue de U$S 2.430.843. Este resultado se obtiene de ingresos para Antel que suman cerca de U$S 5.839.236, incluyendo los derechos de denominación y publicidad por U$S 2.325.000, frente a costos totales de U$S 5.733.394. *** Balance del Antel Arena en 2024. Crédito fotográfico: Antel *** "El costo del actual prestador de servicios de gestión de Antel Arena resulta en una erogación excesiva en relación a los márgenes que el negocio maneja. La forma de fijación de precio al proveedor merece revisión", señala la comunicación de la empresa. Para la empresa, el mayor valor del polideportivo es "intangible", siendo un activo publicitario cuya importancia radica en su "capacidad de derrame en la economía" y de "atracción de personas" hacia la marca Antel, más que por el valor de la infraestructura.

Imagen de archivo / Gerardo Carrasco Un hombre fue asesinado a balazos en la madrugada de este viernes en el barrio Pueblo Victoria, en la intersección de las calles Cayetano Rivas esquina Del Cid, confirmó la Jefatura de Policía de Montevideo. Un testigo dijo a los efectivos policiales que había escuchado disparos de fuego que provenían del interior de una vivienda de la zona. Una vez que la Policía entró al predio, constató que había un hombre de 28 años con manchas “pardo rojizas en el rostro”, así como también en su ropa, a la altura del techo, que no tenía signos vitales. Los efectivos registraron una cantidad de diez vainas, tanto en el interior de la vivienda como en el exterior. Una vez llegado el personal médico a la casa, se constató que la víctima había fallecido. Según informó Subrayado tres cuadras del lugar, en la tarde del pasado 22 de octubre, hubo otro incidente en la intersección de Gobernador del Pino y Del Cid. Una vecina escuchó “entre dos y tres detonaciones” y, al salir de su casa, vio a la víctima tendida en el suelo. De inmediato llamó al 911, mientras otro vecino decidió trasladar al herido en su vehículo hacia el Hospital del Cerro. Pese a los esfuerzos médicos, el hombre llegó en estado crítico y falleció minutos después. La médica de guardia diagnosticó “una herida de arma de fuego en el tórax con lesión cardíaca”, constatando su muerte a la hora 18:42. En la escena del crimen anterior, la Policía halló dos vainas calibre 32 milímetros. En el lugar hay cámaras de seguridad particulares, las cuales podrían aportar información clave sobre lo sucedido. El área fue preservada y trabajó personal de Policía Científica y el Departamento de Homicidios, bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Flagrancia de 9° turno, a cargo del fiscal Fernando Romano, quien dispuso las actuaciones correspondientes.

La Intendencia de Montevideo (IM) abrió un llamado a concurso para un licenciado en Oftalmología con destino al Servicio de Contralor de Conductores y Educación Vial de la división de Tránsito. El puesto de trabajo supone una dedicación de 30 horas semanales en régimen de seis horas diarias. Los horarios serán determinados por la comuna “según los requerimientos de la tarea”, la que puede incluir en su desarrollo sábados, domingos y feriados (laborables y no laborables), indica la resolución. Así, el sueldo base es de $ 92.968 “más los beneficios sociales e incrementos salariales que se otorguen” a los funcionarios de la IM. El cargo en cuestión supone el ingreso a un cargo de presupuesto a través de un contrato inicial por un período de prueba de seis meses, sujeto a evaluación de desempeño, con posibilidad de recontratación anual. Los requisitos obligatorios son tener el título de licenciado en Oftalmología expedido, revalidado o reconocido por la Universidad de la República, o el de doctor en Medicina con especialidad en Oftalmología. También se acepta el título universitario de grado equivalente expedido por instituciones privadas reconocido por el Ministerio de Educación. Quienes aspiren al cargo deberán inscribirse exclusivamente a través de la página web de la Intendencia de Montevideo.

La denuncia del gobierno uruguayo contra Cardama por irregularidades en la garantía de fiel compromiso que la empresa española presentó por el contrato de más de US$ 90 millones repercutió ante las autoridades de Vigo, donde se ubica el astillero, quienes manifestaron “temor”. El medio local Ser informó que el presidente de la feria naval internacional Navalia de Vigo, José García Costas, teme por las repercusiones que el caso judicial podría tener en el sector, después de que el gobierno de Yamandú Orsi rescindiera el contrato que firmó la administración de Luis Lacalle Pou. "Puede ser malo para el sector naval gallego", dijo García Costas en una intervención en un evento sobre el futuro naval. El jerarca español reconoció que aunque el sector “en líneas generales está bien”, la decisión de Uruguay representa “un incidente que puede tener cierta gravedad”. En la tarde de este viernes, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía que presentó en su contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones. La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, que se concretó el 15 de diciembre de 2023, cuando Luis Lacalle Pou era presidente y Javier García ministro de Defensa Nacional. La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”. Desde el gobierno informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”. Cardama Shipyard se presenta como heredera de una “larga experiencia en la construcción y reparación de buques proveniente del bagaje histórico de la zona donde se encuentra ubicada”: Pontevedra. El astillero fue fundado en el año 1916 por Francisco Cardama Godoy. Cuando comenzó, la empresa se dedicó a la construcción y reparación de buques de madera y fabricación de pinturas. En la década de los años 60, se transformó “para poder varar y reparar buques de acero, fundamentalmente de pesca”. En el presente, el astillero dice haberse consolidado “como uno de los constructores de buques más prolíficos de España” y destaca su experiencia en proyectos de “ámbito internacional”. Cardama sostiene que entregó buques en países como Angola, Irak, Marruecos, Islandia, Reino Unido, Argelia, Benín, Ecuador y Venezuela, entre otros. Esta proyección internacional, dice la empresa, los “sitúa en una posición preferencial para poder competir con los más grandes astilleros a nivel mundial, ayudando a colocar a la empresa y al sector naval español en una envidiable posición de gran reconocimiento internacional dentro del mercado de la construcción naval”. Cardama, dueño del astillero, reaccionó a la decisión del gobierno de Orsi, aseguró que la empresa no ha incumplido el contrato firmado con el Estado uruguayo para la construcción de las dos patrullas oceánicas y que nunca fue notificado oficialmente de ninguna irregularidad. En entrevista con Informativo Carve, el empresario sostuvo que las garantías fueron “analizadas y aceptadas por los estamentos del gobierno uruguayo: sus asesores jurídicos y bancarios”. “Nosotros no somos responsables si alguna de estas cosas después es distinta”, afirmó. El empresario relató que se reunió con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el 10 de octubre, y que en ese encuentro “no se hizo ningún comentario sobre que estuviéramos incumpliendo nada”. “Mi sorpresa fue cuando ayer por la noche me entero de que hay una rueda de prensa en la que se comunica que se va a ejecutar nuestro contrato por incumplimientos”, señaló. Cardama también respondió a las declaraciones del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien afirmó que la institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, no existía en la dirección declarada y que el director era un ciudadano ruso. “Yo esta mañana me he puesto en comunicación con el Eurocommerce Bank y me comunicaron que se había cambiado la dirección, que me la iban a comunicar por escrito. Creo que no le hubiera costado nada escribir un correo a Cardama y decir: ‘Señores, hemos estado en esta dirección, y el banco no está allí’”, aseguró. El empresario confirmó que la construcción del primer barco “está avanzada en un 60%” y que “el 90% de los materiales del primero y del segundo ya están pedidos o confirmados”. “Tengo 500 trabajadores; eso no lo voy a parar de forma inmediata. Voy a esperar unos días porque voy a solicitar una reunión con el presidente Orsi para intentar aclarar el tema”, comentó. Consultado sobre el estado actual de la garantía, Cardama insistió: “Para mí, sí está vigente. He presentado la renovación; está vigente y he pagado la renovación. Hasta la fecha de hoy, no he incumplido el contrato, que yo sepa. Nadie me ha comunicado que he incumplido el contrato”, reiteró. Cardama señaló que su intención es continuar con el proyecto y buscar una solución: “Lo lógico es que me reúna con el presidente para tratar de aclarar los problemas que hay, y seguir con el contrato. Si no quieren seguir, se tomarán las decisiones que tengan que tomarse”. Mario Cardama. Foto: Infodefensa.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, presentaron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía de su contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones. *Foto: FocoUy* "Misión cumplida", dijeron los jerarcas cuando se retiraron del ministerio público tras denunciar un "fraude" o una "estafa" contra Uruguay, según dijo el presidente de la República, Yamandú Orsi, el pasado 22 de octubre en conferencia de prensa. En su cuenta de X, Díaz escribió: "Cuidar la plata de los uruguayos no tiene color político. Es un deber moral. Por eso hoy denunciamos ante la Justicia indicios graves de fraude. Que se investigue hasta el final. Nadie está por encima de la ley". La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, que se concretó el 15 de diciembre de 2023, cuando Luis Lacalle Pou era presidente y Javier García ministro de Defensa Nacional. La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para "el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país". Desde el gobierno informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó "sucesivas prórrogas", que derivaron en un "largo procedimiento". Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025. El único director de la empresa es un ciudadano ruso que vive en Rusia; además, tuvo un solo empleado en 2022, 2023 y 2024, dijo Díaz. Ante esta situación, Orsi pidió investigaciones administrativas en el Ministerio de Defensa Nacional, en el BROU y en el Ministerio de Economía y Finanzas. En total, el Estado uruguayo otorgó un total de US$ 30 millones a la empresa, que fue seleccionada por garantizar la primera construcción de una OPV en 18 meses. "No se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación. Este es el problema al que estamos enfrentados", dijo el secretario de Presidencia. Orsi dijo que el gobierno actual no se comunicó con las autoridades del gobierno de Lacalle Pou, aunque sostuvo que lo hará en caso de ser necesario. El presidente recordó que durante la transición de las administraciones del Frente Amplio y la coalición republicana hubo contacto y Cardama visitó Uruguay. El mandatario afirmó que el Estado "hará lo que sabe hacer, que es cumplir con los contratos".

Un joven de 25 años fue asesinado este viernes por la noche de un disparo de arma de fuego en la intersección de Rafael Hortiguera y Francisco Romero, en el barrio Cerrito, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo. El hecho ocurrió sobre las 22:00 horas, cuando una moto con dos ocupantes se detuvo frente a la víctima y uno de ellos efectuó un disparo a la altura del cuello "sin mediar palabra", de acuerdo con el testimonio de un vecino que presenció el ataque. Los agresores vestían ropas oscuras y cascos, y se dieron a la fuga inmediatamente después. La víctima, identificada con las iniciales J.V.V., no tenía antecedentes penales. Fue trasladada desde el lugar por un móvil policial hasta un centro de salud, donde fue atendida por la médica de guardia. Según el parte médico, presentaba "herida de arma de fuego en cara lateral izquierda con entrada y sin salida". A pesar de los intentos por asistirlo, el fallecimiento fue constatado a las 22:05. El testigo relató que, tras presenciar el ataque, llamó al 911 y solicitó ayuda para el herido, que había quedado tendido en el suelo. Efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica trabajaron en la escena, donde se hallaron manchas rojizas y otros indicios que fueron relevados para la investigación. La fiscal Silvia Porteiro, fue informada del caso y dispuso dar cuenta al Departamento de Homicidios, que asumió la investigación. Por el momento, no se informó de personas detenidas ni del posible móvil del crimen.