Un hombre de 29 años resultó herido de bala en el abdomen durante la madrugada de este lunes en un baile ubicado en la intersección de las calles Río Branco y Galicia, en el Centro de Montevideo. La Policía se encuentra investigando las circunstancias del incidente. Según informaron Subrayado y fuentes policiales, se están evaluando diversas hipótesis, incluyendo la posibilidad de que el ataque esté relacionado con el reciente clásico entre Peñarol y Nacional. Testigos presenciales indicaron que se registraron enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos dentro del local bailable. Los presentes en el lugar manifestaron que la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, intervino en una situación conflictiva con terceros y recibió un disparo. El joven no radicó la denuncia correspondiente. Un vehículo particular trasladó al herido al Hospital de Clínicas, donde fue atendido inicialmente. Posteriormente, fue derivado a una mutualista donde permanece estable y bajo el cuidado médico. La Policía continúa recabando testimonios y analizando las pruebas disponibles para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Uruguay inauguró este lunes la temporada de cruceros, una actividad considerada estratégica para su turismo, aunque en este verano se espera una caída de alrededor de un 10 % en la cantidad de buques que atracarán en Montevideo y Punta del Este. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, explicó a la prensa, durante un acto en el Palacio Legislativo, que la disminución de escalas se debe al elevado costo del peaje en la hidrovía hacia Buenos Aires, destino imprescindible para la mayoría de los cruceros que llegan al país. Menoni dijo que, de acuerdo con conversaciones que ha mantenido con el Secretario de Turismo y Ambiente de la República Argentina, Daniel Scioli, espera que "a partir de la adjudicación de una licitación de esa hidrovía, esos costos pueden bajar" y así recuperar en un medio plazo la cantidad de embarcaciones que llegaron en años anteriores. El titular de la cartera consideró fundamental profesionalizar el sector y fortalecer la coordinación tanto entre instituciones públicas como con el sector privado, ya que el objetivo, subrayó, es que los cruceristas encuentren la ciudad "en condiciones dignas de hacer turismo". Menoni aseguró que este año el objetivo es mantener, al menos, el nivel de gasto de la temporada pasada, cuando los visitantes en cruceros dejaron unos 14,6 millones de dólares en Uruguay. En un contexto de conflictos y paros en los puertos del Estado, el ministro reconoció la importancia de respetar la libertad sindical, y señaló que "en tanto esa libertad se ejerza con conciencia, no debería haber mayor problema". El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, informó que este año se proyectan unas 125 recaladas de cruceros en Montevideo y dieciséis escalas técnicas, que eligen la terminal por la calidad de los servicios de avituallamiento y reparaciones. Genta adelantó que trabajan en un proyecto para aumentar la capacidad energética del puerto y permitir que cruceros y buques de carga se conecten a energía eléctrica en el muelle, apaguen sus motores y operen con energía limpia y renovable. El directivo de la ANP también resaltó el ordenamiento de servicios accesorios dentro del recinto, como camionetas de tours o el ingreso del bus turístico al puerto, con el fin de brindar mayor comodidad a los visitantes. La directora de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Karina Fortete, remarcó que la llegada de cruceros es una oportunidad para mostrar la ciudad, incentivar estadías más largas y promover recorridos por otros puntos del país. Fortete adelantó que durante esta temporada se instalará nueva señalética turística en el casco histórico para indicar circuitos y propuestas, y se reforzará la seguridad para quienes recorren la Ciudad Vieja de la capital uruguaya.

Familiares y allegados a Gonzalo, el joven que murió tras ser atropellado en un siniestro de tránsito en el barrio Conciliación el pasado 27 de noviembre, se movilizaron en la tarde de este lunes, pidiendo justicia y que el responsable “pague por lo que hizo”. El grupo se concentró con fotos y pancartas en avenida Garzón y camino Máximo Santos, a pocas cuadras de donde ocurrió el choque. Allí, quemaron cubiertas y obstruyeron el tránsito, algo que no está permitido por la normativa actual, por lo que hubo entredichos con un policía que intentó intervenir. El mayor malestar de la familia es por la situación del conductor de la camioneta que protagonizó el siniestro, quien, tras algunas horas detenido, fue dejado en libertad y permanece prófugo. “Lo único que pedimos es justicia, nada más”, dijo la madre del joven. “A mí no me interesa la plata porque trabajo; yo no preciso nada. Lo único que pido es que pague por lo que le hizo a mi hijo, porque él, tirado en el piso, pedía que lo ayudaran y él le seguía pisando la cabeza. Dejó a una familia destrozada”, reclamó la mujer en diálogo con Subrayado (Canal 10). Por otra parte, Francis, el padrastro de la víctima, le pidió a la fiscal del caso que “se ponga la mano en el corazón”. “En la tarde, ya estaba la filmación del accidente, [en la] que se ve clarito que la persona le pisa la cabeza varias veces y que los vecinos lo están reteniendo. Va un rato a la [seccional] 19 y lo sueltan como si nada”, afirmó. “Ni un perro se merece lo que pasó Gonzalo. Tuvimos que ir al accidente y que nos dijeran que Gonzalo cuando chocó se quejaba del dolor; que estaba vivo y que este hombre lo terminó matando con la camioneta, pisándolo como a un perro”, añadió. En determinado momento, un efectivo policial se acercó a la escena y les indicó que debían liberar la calle para que los autos pudieran circular.  “Dejen una vía de paso y pueden seguir manifestándose; están en todo su derecho. Les dejo en claro que no es legal esto; es mi obligación informarles cómo es”, relató el uniformado. Ante ese pedido, uno de los allegados dijo que iban a “seguir” con la quema de cubiertas.  “La fiscal se guio por la apariencia: llevaba camiseta de fútbol y un gorrito. Iba sin casco porque venía a traer un pedido; estaba trabajando, no estaba en ninguna cosa rara. La fiscal se llevó por eso; pensó ‘un ñery más’. ¿Por qué tengo que pasar esto mientras el hombre está suelto? No nos están dando una salida”, reiteró el padrastro de Gonzalo. *** Fotos: capturas Subrayado

Imagen ilustrativa. Foto: archivo La Policía detuvo a dos líderes de la banda narco Los Colorados, que opera en Cerro Norte. La orden fue emitida por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación por un triple homicidio ocurrido el pasado 3 de octubre. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que uno de los detenidos es el hermano de “El Colo”, el joven de 23 años que fue protagonista de una balacera en pleno Buceo a principios de este año como producto de una guerra narco entre Los Colorados y Los Suárez. Los dos cabecillas de Los Colo detenidos este lunes cayeron después de que la Policía investigara un triple asesinato ocurrido en la tarde del 3 de octubre en el barrio Casabó (Montevideo). Las víctimas murieron de varios balazos, que salieron de un auto que pasaba por las calles Chacras y 17 metros. Los muertos tenían 68, 43 y 23 años. Testigos relataron a la Policía que los tres fallecidos estaban arreglando un auto cuando pasó el otro vehículo, desde donde salieron los proyectiles. Los tres fallecidos fueron heridos en el abdomen y el tórax. Pese a que llegaron a ser trasladados a un centro asistencial por un familiar, se constataron los tres decesos.

El ataque con machetes contra tres jugadores juveniles de Frontera Rivera —que debieron ser internados por cortes en la cabeza, manos y espalda— ocurrido el pasado sábado en la cancha de Peñarol de Rivera sigue generando repercusiones en el fútbol formativo del departamento. Mientras la investigación avanza en la órbita del Ministerio del Interior y de Fiscalía, la Liga Departamental de Fútbol de Rivera tomó una decisión drástica: suspender todas las actividades juveniles por lo que resta del año y que los campeonatos queden desiertos. Julio Fuentes, presidente de la liga, explicó que la medida surgió de una reunión extraordinaria del Consejo Juvenil junto a los clubes involucrados. “Evaluamos todo lo que pasó; algunas situaciones que ya se venían dando y que pudieron haber llegado a estas situaciones”, señaló en diálogo con el medio Top TV. “No les podemos dar garantías a los jugadores ni a los padres de esos chiquilines de que hechos como estos no vuelvan a pasar”, agregó. Por eso se decidió finalizar de inmediato los campeonatos sub-17 —la categoría donde ocurrió el ataque— y sub-14. El dirigente remarcó que el episodio no se originó en el partido ni en discusiones deportivas. “Ese plantel estaba yendo a hacer el calentamiento previo al partido y fue sorprendido por ese ataque. No hubo intercambio de palabras y la gente que los agredió estaba armada con machetes y otras cosas. Eso fue algo premeditado, evidentemente”, comentó. La liga no adoptará sanciones inmediatas sobre instituciones hasta conocer el resultado de la investigación policial: “Si en alguno de los casos se identifica que los agresores son allegados o estaban dentro de la hinchada de alguna institución, ahí nos corresponde alguna sanción deportiva a la institución que esté involucrada”. “Es por la seguridad de ellos. Nosotros no sabemos si los agresores están detenidos o no; corremos el riesgo de que en cualquier momento alguno de ellos pueda andar en alguna cancha nuevamente. Varios allegados y gente del cuerpo técnico de Frontera lograron detener a tres o cuatro que salieron disparando”, agregó.
Fotos: captura de video / Jefatura de Rivera

Dos extrabajadores de la empresa láctea Claldy comenzaron este miércoles una huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva en protesta por despidos recientes. El Pit-Cnt informó en sus redes sociales: "Urgente: trabajadores de Claldy entran en huelga de hambre por despidos antisindicales", y añadió que la medida se adoptó "debido a la intransigencia patronal". En noviembre, funcionarios de la compañía habían instalado una carpa frente a la sede en Young, Río Negro, manifestándose por 32 despidos y "por la negativa de la compañía a implementar seguros de paro rotativos". En ese momento, ya se contemplaba la posibilidad de iniciar una huelga de hambre. La central sindical emitió un comunicado donde señalaba que, "ante la intransigencia de la empresa Claldy a los planteos de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) por la restitución de los puestos de trabajo, finalmente, dos de los trabajadores despedidos comenzarán una huelga de hambre, este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía". Los dos trabajadores que llevan adelante la huelga son Aníbal Apollonia y Mauricio Fernández. "Estábamos preparados, más allá que aguardamos a la instancia de hoy para ver si es que se lograban revertir los despidos. Pero no nos cambia mucho lo que veníamos madurando. Estamos preparados para lo peor", declaró Apollonia. Claldy, por su parte, publicó un comunicado en el que rechazan "categóricamente cualquier acusación" de que la empresa "reprime a trabajadores o que haya efectuado despidos de forma antisindical". El comunicado continúa: "En fecha 11 de setiembre de 2025, el Poder Judicial se expidió mediante sentencia firme, constatando que no hubo sesgo antisindical en la conducta de Claldy, sino por el contrario, que la decisión de despedir se debió exclusivamente de una reestructura".

El exintendente de Soriano, Agustín Bascou, se pronunció en la noche de este miércoles luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno anulara su condena por “acusación presentada fuera de plazo” por la fiscal Stella Alciaturi y tramitada por la jueza María Ximena Menchaca. "Es un triunfo por anular toda esa acusación", valoró, aunque también reconoció que tomó "mal" la noticia, ya que "lisa y llanamente" se debería haber "archivado todo el tema, no pasar a otra fiscal". "Me están estafando, jurídicamente a mí me están estafando. Es una estafa jurídica", declaró el exjerarca sorianense a Telenoche (Canal 4). En esta línea, Bascou insistió en que él no cree en la Justicia uruguaya. "Te lo digo con todas las palabras. No creo en la Justicia. Yo no creo. Agustín Bascou no cree en la Justicia. Clarito te lo digo. Porque ya… Estoy podrido, hermano, ¿me entendés?", sentenció. Sobre el proceso judicial que está por venir, el exintendente dijo tener "la conciencia tranquila". "Que vayan para adelante, nomás", concluyó. El caso Bascou fue condenado en junio, tras más de siete años de acciones judiciales, a un año de libertad a prueba por el delito de conjunción de interés público y privado. La causa se había iniciado en el año 2017, después de que ediles del Frente Amplio lo denunciaran por haber comprado nafta con el dinero de la Intendencia de Soriano a estaciones de servicio de la que es socio. Las compras "aumentaron notoriamente" en 2016. La condena que dispuso la jueza Menchaca también inhabilitaba a Bascou a ocupar cargos de cualquier naturaleza en organismos y empresas públicas durante el plazo de cuatro años, así como también que el condenado pague una multa de 100 UR —$ 181.634—. El fallo era apelable. Bascou asumió como titular en la comuna sorianense en julio de 2015, antes había sido intendente interino. En ese momento, ya era socio de la firma Radial Mercedes, que posee dos estaciones de Ancap en Mercedes y otra en Dolores. Ante el nuevo giro en la causa, la defensa de Bascou apelará a la instancia de Casación para obtener el sobreseimiento. Pablo Vera, abogado del exintendente, entiende que esta situación encierra una paradoja. Si bien favorece a su defendido porque anula la condena, en realidad abre nuevas instancias judiciales. "La situación legal de Bascou sigue siendo de una persona procesada, sin condena, anterior tenía una condena de primera instancia y ahora se abre nuevamente una etapa en la cual va el expediente a un fiscal subrogante y también a un juez subrogante para que analice primero el fiscal si amerita una acusación o un sobreseimiento y luego un traslado a la defensa de esa acusación o de ese sobreseimiento y finalmente al nuevo juez que vaya a entender, que es el que legalmente corresponde que subrogue, para ver si condena o no", explicó el legista al medio sorianense Agesor. "Para nosotros es un poco injusta la solución (…) porque una situación que debería ser desventajosa para una de las partes, en este caso la Fiscalía, termina siendo incluso hasta más beneficiada, porque va a tener la oportunidad de volver a acusar o de analizar un sobreseimiento y lo va a poder hacer incluso con, podríamos decir, las cartas vistas, porque la defensa ya contestó la acusación, ya adelantó su defensa y a su vez tuvo una sentencia de primera instancia. Entonces, sí, más allá de que se logró anular, que puede llegar a ser un éxito en la defensa, la situación igual se siente un poco injusta porque, una situación que debería ser desfavorable para una de las partes, la que comete el error de presentar fuera de plazo nada más y nada menos que una acusación, puede llegar a terminar siendo una situación más beneficiosa", señaló Vera. Para el abogado, en este caso en particular "hay una violación a lo que es el principio de igualdad que deben tener las partes en el juicio, a lo que se llama la igualdad de armas. Para que se entienda: si a la defensa se le termina un plazo sin hacer el acto procesal que tiene que hacer, la defensa ya no tiene más chance de presentar nada. En este caso la Fiscalía pareciera que sí, el Tribunal ha entendido que sí lo tiene, y si bien va a ser otro fiscal que va a entender. Pero bueno, la Fiscalía es una sola y va a tener la oportunidad de que le vuelvan a dar el plazo para analizar la situación y volver a presentar eventualmente o no su acusación, pero esas prerrogativas y esas chances no las tiene la defensa", lamentó.
Crédito fotográfico: Foto archivo.

Crédito fotográfico: Foto archivo.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció una “innovadora herramienta” para “abordar los problemas estructurales que desde hace años ocasionan atrasos en pagos de salarios” a sus funcionarios tercerizados. La cartera, en conjunto con la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), abrirá una línea de crédito en República Microfinanzas para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) “puedan garantizar el pago de salarios en dichas circunstancias”, según anunció el titular del Mides, Gonzalo Civila, en conferencia de prensa. “La solución responde a un problema estructural asociado a dificultades en las instancias de rendición de cuentas por parte de las OSC y dilaciones en los procesos de la administración pública requeridos para asegurar el uso adecuado y transparente de los recursos”, indica un comunicado difundido por la Secretaría de Estado. Los créditos priorizarán las “situaciones de mayor urgencia” y se darán “únicamente bajo instrucción” del ministerio. “El objetivo inmediato es impedir la interrupción en el flujo de recursos que permiten el pago a trabajadores y trabajadoras que son los principales damnificados de una situación que excede su responsabilidad”, añade el texto, al tiempo que detalla que será el Mides quien se haga cargo de los gastos por concepto de intereses asociados a los créditos a los que accederán las OSC. Por otro lado, el convenio con ANDE incluye también una línea de capacitación por parte de la agencia, destinada a “fortalecer a las organizaciones en sus capacidades de gestión y prevenir situaciones futuras asociadas a incumplimientos y atrasos”. “El ministerio mantiene diálogo permanente tanto con trabajadoras y trabajadores nucleados en Sutiga [Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines] como con las organizaciones con las que realiza convenios”, asegura el Mides. Así, el Mides sostiene que realizará un seguimiento “a este y otros mecanismos” con el objetivo de que estas herramientas “agreguen valor a la política social y no sean instrumentos para la precarización del trabajo”, concluye el texto. Visto bueno De esta manera, el Sutiga vio como algo “muy positivo” este anuncio, ya que “empieza a destrabar el conflicto” que venía desde hace un tiempo al respecto. “Va a dar un alivio porque van a poder trabajar tranquilos sabiendo que, más allá de lo que pase con las OSC el pago está asegurado”, dijo Diego Andrada, secretario de Tercerizados del gremio. El sindicalista indicó que aún hay trabajadores con atrasos en el pago de sus salarios, “algunos con tres meses”. Los trabajadores mantuvieron una reunión en la tarde de este miércoles con el sindicato, previo a la conferencia de prensa, en la que se les informó que la semana que viene se comenzaría a ejecutar este nuevo instrumento. “También estamos muy atentos a que la plata baje y se ejecute”, puntualizó. Consultado respecto a si este anuncio hace que se levanten las medidas sindicales, Andrada replicó que eso se hará “de a poco”. “Nuestra postura es que no levantamos medidas ante anuncios, sino que las levantamos en cuanto está la plata en el bolsillo de las personas”, manifestó y añadió que esto se hace “por respeto a los compañeros que hacen asambleas”, además de que tampoco les gusta tomar estas medidas “porque afectan los dispositivos del Mides y a la población” con la que trabajan.

La Justicia dispuso la prisión preventiva para la adolescente de 16 años acusada del apuñalamiento de su novio, Santiago Nahuel López Montes, de 21 años, en una residencia ubicada en Lanús, Argentina. La resolución se materializó tras la audiencia celebrada el martes 2 de diciembre, durante la cual fue desestimada la solicitud de arresto domiciliario presentada por su defensa legal, según informó este miércoles el portal de noticias TN. La joven fue aprehendida luego de permanecer varios días en estado de fuga, según detalló el mencionado medio. En su declaración ante el fiscal responsable del caso, la acusada argumentó que el ataque se originó a partir de una discusión que escaló hasta un forcejeo, en el que ella tomó un cuchillo con la intención de "asustar" a su novio. "Estaba muy asustada y agarré un cuchillo porque lo quería amenazar para asustarlo, pero estiré mi brazo, le amagué hacia el pecho, y en eso me dice ‘me diste en el corazón’", indicó la joven. De acuerdo con su relato, la víctima la agredió, la amenazó y la empujó antes de que ella perpetrara el ataque. "Me dijo ‘hija de puta, qué hiciste, te voy a matar’ [...] y me agarró de los pelos, me dio la cabeza contra la puerta y me escupió en la cara", aseveró. "Cuando vino la Policía, les dije que estaba muy asustada, que tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó. Eso es lo que les dije porque tenía miedo de que me llevaran presa, que me pegaran", manifestó la adolescente. La acusación formal imputa a la joven por el delito de homicidio calificado por el vínculo. La Fiscalía argumentó que los riesgos procesales existentes, incluyendo el riesgo de fuga, impedían la concesión del beneficio de la prisión domiciliaria.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) publicó en las últimas horas las versiones complementarias de la declaración jurada de la exvicecanciller y embajadora en Portugal, Carolina Ache, que agrega los datos patrimoniales de su esposo, Tomás Romay Buero. En setiembre de 2022, el organismo envió un reclamo a la jerarca para que presentara la información de su cónyuge. Romay accedió, pero presentó un escrito en el que manifestó su intención de que se mantuviera en reserva y no fuera publicada en la web. A partir de ese momento, comenzaron las idas y vueltas entre ambas partes. El proceso terminó en los últimos días con la resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de no dar lugar a un último recurso y habilitar la divulgación de la información en la página de la Jutep. Según consignó El Observador, el empresario dijo percibir ingresos mensuales por $ 772.000 en concepto de arrendamientos y "retiro promedial aproximado mensual en el período de 12 meses", y declaró un patrimonio de $ 434.885.028 a la fecha de diciembre de 2022, que, al cambio de ese momento, equivalía a US$ 11,3 millones. Romay declaró tener el 100% de la propiedad de tres inmuebles en Montevideo, el 50% de otros dos —uno en la capital y otro en Rocha—, el 33% de otros cuatro —uno urbano en Montevideo y tres campos en Salto—, el 16,67% de cuatro campos más —dos en Montevideo, uno en Río Negro y otro en Cerro Largo—, el 11,11% de un inmueble en la capital, el 8,33% de uno en Maldonado y el 1% de otro en Canelones. A su patrimonio se le suma la participación en sociedades: un 33% en "Tomás y Clarice Romay Buero y otros sociedad de hecho", un 33% en Río Uruguay TV Canal 12 (Fray Bentos S.A), un 30% en Romay Consultores S.A.S y el 16,67% de Cabana Salvo Vivienda Social, además de una cuota social en Cable Video Uruguay y una acción en Tislara S.A. Además, declaró unos $ 28,8 millones en concepto de derechos sucesorios. Una vez que comenzaron los reclamos, Ache —consultada por Búsqueda— argumentó que su esposo no estaba obligado a presentar la información al no ser empleado público y tener separación de bienes. Más allá de eso, la ley establece que todos los jerarcas deben presentar la declaración de sus cónyuges, estén separados de bienes o no. El caso de la actual embajadora en el país luso tiene semejanzas con el de Juan Sartori. La principal diferencia es que el exsenador fue declarado omiso al no haber presentado ante la Jutep los datos patrimoniales de su esposa; Ache no lo fue porque Romay sí presentó formalmente la declaración, más allá de su no publicación.