Nicolle Salle habla pausado. Su lenguaje corporal es relajado. No sube el volumen ni cambia el tono, incluso cuando se la cuestiona por la polémica más importante que ha tenido en su corta vida pública: un posteo que hizo a pocos días de haber sido electa diputada nacional por Identidad Soberana en el que vinculaba la inoculación con las vacunas contra el Covid-19 con el siniestro ocurrido en la rambla de Pocitos el 26 de octubre de 2024, que dejó varios lesionados y una fallecida. “Esta es la triste nueva normalidad. Sepan que quienes se inocularon son bombas de tiempo. Han destrozado la salud de billones de personas, y ahora a lidiar con las consecuencias”, escribió la odontóloga de profesión en su muro de Facebook, junto a la noticia del accidente cuatro días después del hecho. Las reacciones fueron inmediatas. “No fue algo que me sorprendiera del todo”, dice, aunque, manifiesta, a su entender “se deformó lo que había dicho”. “No se discutió el fondo del asunto: si realmente hay datos sobre efectos adversos graves, si existe un registro transparente. Se quedaron con el titular”, cuestiona. Salle no se autodefine como “antivacunas”, pero en la práctica las rechaza. Por eso, nunca vacunó a su hijo y aboga por la no obligatoriedad de estas. Su cuestionamiento a las vacunas surge mucho antes de la pandemia y se desprende de su propia historia de vida. “De niña, tuve una trombocitopenia luego de una vacunación. Estuve internada, fue grave. Y mi hematólogo me dijo: ‘No la pueden vacunar más’. Eso me marcó mucho. Sentí que había un tema del que no se hablaba con claridad”, explica, sobre por qué no recibió varias de las vacunas reglamentarias de niña. Años después, durante su embarazo, se reactivó esa desconfianza. “Empecé a investigar por mi cuenta. Leí estudios, documentos, estadísticas. Quería tener información para decidir. Para mí, la clave es la libertad de elegir con información suficiente”, apunta acerca de la decisión de no inocular a su hijo. Ahora impulsa un proyecto de ley para que la vacunación sea opcional. “Hay familias que fueron judicializadas por no querer vacunar a sus hijos. Eso no puede pasar en un Estado de derecho. Lo que proponemos es que el consentimiento informado sea real, no una formalidad”, reclama. Su discurso no se parece en las formas al de su padre y compañero de bancada, el abogado, exfiscal y polemista Gustavo Salle, pero es muy similar en contenido. De hecho, fue ella la que lo llevó a adoptar una postura en contra de la “plandemia”, como ambos llaman a la pandemia que llegó a Uruguay en marzo del 2020. Salle hija recuerda una conversación que tuvo con el abogado a fines de 2019, antes de que ella siquiera pensara en entrar en política, cuando recién aparecían noticias sobre la expansión de un nuevo coronavirus desde China. “Tuvimos una llamada telefónica y le dije a mi padre: ‘Esto es una farsa’. ‘Pero, ¿estás segura? Tené cuidado’, [me contestó él]. Había un cierto temor y creo que él lo expresó incluso en Twitter. Dijo: ‘Bueno, hay que tener cuidado, no sé qué, hay que ser cautelosos’, algo de eso. Yo le dije: ‘No, papá, esto es una farsa. Es lo que ya sabemos que va a suceder’. Obviamente eso fue el primer día, ¿no?”, relata. Tras esto vino el megáfono y la cruzada del exfuncionario del Ministerio Público en rechazo de la alerta sanitaria en Uruguay y en el mundo por la pandemia, a la que considera “una estrategia de guerra contra la humanidad”. Cinco años después, Identidad Soberana llegó al Parlamento como una rareza política: un partido sin estructura tradicional, sin financiamiento de grandes sectores y con un discurso contra la “cleptocorporatocracia”, la “agenda 2030”, y una serie de términos que ya se tornaron patrimonio del neófito partido. Con todo logró posicionarse como la cuarta fuerza política en votos, por encima de Cabildo Abierto y del Partido Independiente. Pero esa tónica no identifica tanto a Nicolle Salle, que subraya que su padre es “auténtico”, pero destaca que, aconsejado por ella, “ha temperado bastante el discurso: no en el contenido, pero sí en la forma”. “Nuestras formas muchas veces son muy diferentes, pero creo que también son complementarias. De todas maneras, la persona que lo llega a conocer a mi padre percibe a otra persona”, opina y dice que Gustavo Salle es una persona “muy sociable, muy abierta y atenta”. “Toda esa faceta quizás muchos no la conozcan y vean de repente al abogado que está enojado o al parlamentario más efervescente”, reconoce. Entre los dos legisladores de Identidad Soberana hay “matices”, como que Nicolle está de acuerdo con el matrimonio igualitario, aunque reconoce que su padre tiene un punto cuando cuestiona su inconstitucionalidad. “Él es muy constitucionalista. Yo entiendo, pero digo: ‘Bueno, no hace daño’. Es decir, si dos personas se quieren, y ese es el mecanismo para estar juntos, no lo veo mal. Entonces, tenemos algunas diferencias de matices con respecto a la ideología de género, pero no en lo estructural”, apuntó. Sin embargo, el apoyo mutuo y las cosmovisiones comunes son evidentes. Por eso, en marzo, Identidad Soberana propuso una preinvestigadora en el Parlamento “para analizar en profundidad la gestión de la pandemia de Covid-19 en Uruguay”. Pese al naufragio de esta, que concluyó que no había elementos jurídicos ni científicos para crear una comisión investigadora, Nicolle hoy piensa que muchos uruguayos dejaron de pensar que su posteo sobre el accidente del 121 había sido “algo desquiciado” gracias la existencia de la preinvestigadora. “Creo que el 99% de los uruguayos no entró en contacto con los documentos con estadísticas de aumentos de ACV vinculados con los efectos de las inoculaciones masivas hasta que no los hicimos públicos en el pedido de la preinvestigadora”, plantea. Por eso, alega, no se arrepiente de haber hecho aquella publicación de octubre de 2024: “Quizás no fue de la mejor manera, esa es la reflexión. De todas maneras, tuvo un impacto. Se me preguntó muchísimas veces al respecto y tuve la posibilidad de explicarlo y entonces eso creo que llegó a la gente”.

Alejandro Paz, presidente de Antel, respondió a las objeciones planteadas por la directora del ente en representación de la oposición, Laura Raffo, con respecto a la adjudicación de la administración del contrato del gerenciamiento del Antel Arena a ITC, una subsidiaria propiedad al 100% de Antel. Paz lamentó que la administración del Antel Arena "otra vez está en la agenda política, y no por las razones correctas". Explicó que el actual gerenciador, AEG Facilities, tiene contrato hasta diciembre de este año y que, debido a su partida de Sudamérica, "creemos que la mejor opción para continuar con la gestión del Antel Arena es hacerlo a través de una de nuestras subsidiarias". El jerarca aseguró que el modelo de gestión que ITC implementará será "exactamente el mismo" que el actual, manteniendo la participación de productores locales privados en la organización de espectáculos. "Los espectáculos del Antel Arena van a seguir siendo traídos por los productores locales privados", puntualizó. La decisión de no realizar una licitación internacional, según Paz, se basa en un estimado de ahorro de "en torno a los US$ 500.000", lo que permitirá "traer algún que otro espectáculo más que hoy no está llegando al Antel Arena por algunos costos altos que hay". Particularmente, expresó el deseo de "traer en particular más básquetbol ante la arena". Ante la preocupación planteada por Raffo sobre un posible desvío de foco de Antel, Paz aseguró que la empresa "va a seguir haciendo exactamente lo mismo que hace hoy, simplemente cambia la contraparte de quien administra el contrato, no hay una pérdida de foco". Además, añadió: "Lo que sí vamos a hacer es rentabilizar mucho más ese activo de marketing que tenemos, que hasta ahora no se le ha sacado todo el fruto que se le puede sacar". El ahorro proyectado, según explicó Paz, reside "básicamente en el intermediario". "Hoy, el intermediario se lleva más de medio millón de dólares. El know-how, que en su momento no se tenía, hoy se tiene en Uruguay. O sea, no estamos en 2014, estamos en 2025. Hoy, después de casi 11 años de acompañar ese proceso, el know-how está en las personas que están trabajando y en el personal de Antel que acompañó todo ese proceso. Entonces la historia es distinta y no le hace sentido gastar medio millón en un intermediario", concluyó. *** Foto: FocoUy.

Gianina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marset, presa en Paraguay desde mayo de este año, cuando fue extraditada luego de su detención en el Aeropuerto de Barajas en España, declaró por primera vez ante la Fiscalía en la mañana de este lunes 13 de octubre. Según lo que consigna el medio local ABC, la mujer, imputada por lavado de activos del narcotráfico en el marco de la operación A Ultranza, habló con el representante del Ministerio Público Deny Yoon Pak desde la cárcel militar de Viñas Cue, asistida por sus abogados Rafael Blanco, Luis Samaniego, Hugo Núñez, Cristina González y Balbino Garcete. Si bien no trascendió el contenido de lo que le habría dicho García Troche a la fiscal, en setiembre de este año la pareja de Marset presentó un recurso de nulidad sobre su declaración indagatoria realizada el 21 de mayo de 2025. Por ese entonces, la defensa había alegado una serie de irregularidades en la audiencia, entre ellas que no se informó oportunamente a la procesada de su derecho a asistencia consular por su condición de ciudadana uruguaya. También cuestionaron que el fiscal Yoon Pak no le notificó dentro del plazo legal de 24 horas su derecho a contar con un abogado de confianza, lo que llevó a que se le asignara un defensor público sin tiempo para preparar la defensa. Además, calificaron su detención de “aparatosa y sorpresiva”. Sin embargo, el 10 de setiembre la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, sostuvo que los argumentos carecían de sustento y rechazó el recurso. En su resolución, señaló que, durante la indagatoria, se le comunicaron a García Troche los hechos que se le imputaban, las pruebas en su contra y todos sus derechos procesales, incluida la posibilidad de nombrar un abogado particular o de aceptar la asistencia de un defensor público, quien finalmente firmó el acta.

La Justicia dictaminó la condena de tres hombres con antecedentes penales, encontrándolos autores penalmente responsables de una serie de delitos graves cometidos en la zona de El Pinar, Canelones. Los cargos incluyen asociación para delinquir, múltiples delitos de rapiña agravada, receptación (inclusive de vehículos), y diversos delitos de porte y tráfico interno de armas de fuego y municiones. Dos de los individuos recibieron una pena de 6 años y 10 meses de penitenciaría cada uno, mientras que el tercero fue sentenciado a 5 años y 10 meses de penitenciaría. La investigación judicial se enfocó en la participación de los detenidos en varios ilícitos que tuvieron lugar dentro de las jurisdicciones de las Seccionales 7ª, 18ª y 27ª de Canelones. Particularmente, la investigación se centró en la rapiña a un comercio mayorista, ocurrida en la mañana de este lunes 13 de octubre en la intersección de la Paralela norte Interbalnearia y Pérez Butler. En relación a este último hecho, aproximadamente a las 09:30 horas, tres individuos que se desplazaban en un vehículo Chevrolet Onix de color blanco interceptaron e inmovilizaron a la víctima, un hombre de 55 años, en una distribuidora. Según el informe policial, dos de los asaltantes irrumpieron en el local tras forzar un ventanal. Portando lo que se presume eran armas largas, sustrajeron alrededor de $ 20.000 en efectivo, un parlante y una camioneta marca Hyundai H1. Afortunadamente, no se registraron disparos ni personas heridas. En el curso del operativo de búsqueda desplegado, agentes policiales lograron detectar e interceptar a los presuntos autores del delito a bordo de un automóvil en las proximidades de Empalme Nicolich. Se procedió a la identificación y detención de tres hombres de 41, 40 y 32 años, todos ellos con antecedentes penales. En el momento de la detención, se les incautó dinero en efectivo y diversos objetos relacionados con la rapiña, incluyendo billetes que se sospecha son falsos. Posteriormente, tras obtener una orden judicial, se llevó a cabo un allanamiento en una finca. En el lugar se encontraron dos vehículos que estaban siendo buscados por rapiña y hurto en Canelones, una caja de parlante que coincide con la descripción del objeto robado, dos armas de fuego (una pistola calibre 9 mm y un rifle modelo AK47 calibre 22), y vestimenta y mochilas que guardan relación con los hechos investigados. El análisis de la información recabada durante la investigación permitió localizar y recuperar la camioneta Hyundai H1 sustraída, la cual fue encontrada en las calles El Bosco y El Greco.

Dos figuras políticas han tomado la decisión de abandonar sus respectivos partidos con un objetivo común: promover su visión socialcristiana. Ambos dirigentes, según fuentes cercanas, consideran que sus antiguas plataformas políticas no les permitían desarrollar plenamente sus ideas y propuestas. La salida simultánea de estos dos líderes ha generado sorpresa y expectación en el ámbito político nacional. Si bien sus nombres no han sido revelados, la coincidencia en sus motivaciones sugiere la posible formación de una nueva fuerza política o el fortalecimiento de alguna ya existente que se alinee con los principios del socialcristianismo. "La decisión no fue fácil", comentó una fuente anónima cercana a uno de los dirigentes, "pero ambos sentían la necesidad de trabajar en un espacio donde sus convicciones pudieran traducirse en acciones concretas en beneficio de la sociedad". Se espera que en los próximos días ambos dirigentes hagan declaraciones públicas para explicar los motivos de su partida y detallar sus planes futuros. La atención se centra ahora en conocer si formarán un nuevo partido, se unirán a una agrupación existente o si optarán por trabajar de manera independiente para influir en el debate público. El impacto de esta decisión en el panorama político uruguayo es aún incierto, pero sin duda marca un punto de inflexión en la búsqueda de nuevas alternativas y la revitalización de ideologías como el socialcristianismo.

En la jornada de este martes el Senado aprobó con 29 votos el proyecto de ley que busca la autonomía a la Defensoría Pública. La senadora frenteamplista Constanza Moreira aseguró que se necesitan recursos para que esta propuesta se lleve adelante. La propuesta presentada por la bancada de senadores del Frente Amplio en el anterior período de gobierno y aprobada en la Comisión de Constitución y Legislación, crea el servicio descentralizado “Defensa Pública del Uruguay”, dotándolo de personería jurídica propia y autonomía técnica, administrativa y financiera, bajo la tutela del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). La nueva institución tendría como finalidad garantizar asistencia y representación jurídica gratuita a las personas que carecen de recursos, asegurando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y promoviendo la aplicación del debido proceso. La ley propone una estructura orgánica jerarquizada, integrada por un Director Nacional, un Director Nacional Adjunto, los directores de defensorías, los defensores públicos, procuradores y funcionarios administrativos. Los defensores conservarán **autonomía absoluta** en el ejercicio de sus funciones, pudiendo actuar con independencia en la defensa de sus patrocinados. El texto también incorpora la posibilidad de brindar apoyo interdisciplinario —psicológico o social— a través de convenios con instituciones públicas o privadas, y busca separar institucionalmente a la defensa del Poder Judicial, adecuando la normativa uruguaya a las recomendaciones internacionales sobre independencia de la defensa pública y fortalecimiento del acceso a la Justicia Ante esto, Moreira explicó en rueda de prensa que la iniciativa responde a recomendaciones internacionales que instan a Uruguay a fortalecer el rol de la defensa legal pública, especialmente tras la reforma del proceso penal en 2014. "Hemos fortalecido a la Fiscalía, la separamos, le dimos otra institucionalidad y la defensa quedó como la parte más débil del proceso", dijo. La senadora destacó que la Defensoría Pública "es para los más vulnerables, para los que no tienen plata, para las mujeres, para los niños", y enfatizó su función en el acceso a la Justicia y la protección de los sectores más débiles. En ese sentido, insistió en la necesidad de garantizarle autonomía técnica y financiera: "Hay que dotarla de recursos, no solamente darle esta autonomía técnica, hay que darle autonomía financiera". Con respecto a los recursos para implementar la nueva estructura, Moreira reconoció: "Vamos a pelear presupuesto para eso". Moreira aseguró que hay que encontrar un arreglo, debido a que en la actualidad la defensoría está actuando, que pertenecen hoy a la Suprema Corte de Justicia, por lo que "debería desprenderse o buscar un acuerdo sobre cómo se haga", explicó. La senadora recordó que el proyecto es fruto del trabajo de la Asociación de Defensores del Poder Judicial, que impulsa esta reforma desde 2018. "Ellos están pidiendo más defensores, recursos de gastos e inversiones y ser equiparados con el Poder Judicial", afirmó. Finalmente, Moreira precisó que la nueva estructura contempla una Dirección Nacional, cuya designación generó debate parlamentario en torno a su constitucionalidad. Según explicó, los concursos serán organizados por la propia Defensoría, aunque tendrán que ser homologados por la **Suprema Corte de Justicia**, conforme a lo establecido por la Constitución. Una vez que el proyecto sea aprobado, será tratado en la Cámara de Diputados. Moreira señaló que se trata de una primera instancia legislativa en la que se requiere alcanzar los dos tercios de los votos, y destacó que el texto es resultado de un trabajo concienzudo y exhaustivo realizado en comisión. *** Cámara de Senadores. Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El Senado de la República aprobó en la noche de este martes el proyecto de ley que establece normas comunes de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso del personal presupuestado o contratado en los gobiernos departamentales. La iniciativa —que establece que las designaciones o ascensos de funcionarios deberá realizarse por concurso público y abierto, conforme a criterios de publicidad, capacidad técnica, méritos y antecedentes— contó con el apoyo de los legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional para su aprobación definitiva. El senador colorado Pedro Bordaberry fue el principal opositor a la votación afirmativa de la norma, más precisamente por el artículo 4, un inciso que fue modificado luego de su aprobación en Diputados. Este establece una excepción para que pueda haber un 4% de los cargos presupuestados que lo sean de forma directa en cada una de las intendencias. En una de sus alocuciones, Bordaberry recordó que la idea inicial de reglamentar los ingresos por concurso fue del exministro fallecido Adrián Peña y lamentó que “no queda nada” del proyecto original. “Cuando se puede nombrar al que se quiere, la historia nos dice que se designa a los correligionarios, y está mal”, criticó. “Va contra la esencia de lo que estamos haciendo; no podemos acompañarlo. Montevideo va a poder meter 276 personas sin concurso, Canelones 90, Maldonado 80, Paysandú 37, Rivera 15, Flores 3. Este tipo de cosas es lo que le da pasto a esos que vienen a criticarnos el día de mañana y nos acusan de ser una casta”, agregó. En sus redes sociales, el senador colorado redobló la apuesta y dijo que el artículo 4 del proyecto era una “vergüenza”. “Es un día triste para Uruguay. Vamos a dejar de hacernos trampa; vamos a hacer las cosas bien”, señaló. Foto: Focouy / Pedro Bordaberry

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viaja este miércoles en la mañana rumbo a Europa para participar de diversas actividades y encuentros, entre ellos una reunión con el papa León XIV en el Vaticano. El mandatario aseguró que su intención es hablar sobre la “paz”, su visión sobre los conflictos internacionales que se están dando actualmente y aseguró que también va a plantearle que analice una visita a Uruguay en el corto plazo. En primera instancia, Orsi pasará por Bruselas. Durante su estadía en Italia, va a participar del evento por el aniversario número 80 de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que se celebra el 16 de octubre y coincide con el Día Mundial de la Alimentación. Según se informó, va a ser “el único mandatario de América Latina que hablará acerca de la problemática de la seguridad alimentaria”. Previo a su reunión con el sumo pontífice, Orsi también tiene planificado un encuentro con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. En rueda de prensa este martes, fue consultado sobre la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y dijo que en su viaje no va a tener “mucho contacto” sobre ese tema. “Voy directamente a la FAO en un día muy especial para ellos. Ahí nos entrevistaremos con alguna autoridad de Roma y al otro día con el papa; no más que eso. Esto es de dos días y volvemos; no vamos a tener más contactos que eso”, afirmó.

En los últimos días, Antel denunció que varias empresas cableoperadoras, sobre todo en departamentos del interior, están utilizando la infraestructura y el tendido eléctrico de UTE de forma ilegal para instalar fibra óptica y competir en el mercado. Según informó el periodista Eduardo Preve, una de las involucradas es una compañía propiedad del conglomerado argentino Grupo Clarín, y hay empresas que ofrecen servicio de televisión para abonados en el interior que están haciendo lo mismo. Dicha práctica permite a los privados abaratar los costos de montar la infraestructura y ofrecer a sus clientes un servicio de fibra óptica más barato, algo que estaría causándole un perjuicio económico a Antel. Tal como consignó el comunicador, el presidente del ente, Alejandro Paz, transmitió este reclamo ante el directorio de UTE, que a su vez elevó el planteo al Poder Ejecutivo. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que la cartera está analizando el tema. "Estamos al tanto de la situación y evaluando las medidas a tomar", afirmó Cardona. Esta situación se estaría dando en departamentos como Salto y Paysandú, lugares en los que las empresas contratan trabajadores argentinos para que realicen las instalaciones. En junio de este año, Antel resolvió dar de baja un plan de tarifas mayoritarias aprobado por el anterior directorio en agosto de 2024 que permitía ofrecer servicios de fibra óptica a empresas privadas, una decisión que fue criticada por el Pit-Cnt, el director en representación del Frente Amplio y la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. El plan permitía a los cableoperadores utilizar la infraestructura ya existente menos el último tramo de cableado hasta los hogares de los clientes, conocido como la “última milla”, que debía ser cubierto por los propios privados con inversiones suyas.

En la madrugada del pasado lunes, tres delincuentes perpetraron una rapiña en una joyería ubicada en la ciudad de Tarariras, departamento de Colonia. El botín sustraído se estima en alrededor de $ 200 mil. Según las primeras informaciones recabadas, los autores del delito serían tres hombres. Las autoridades policiales se encuentran abocadas a la investigación del caso, realizando diversas diligencias para identificar y dar con los responsables. Ante la ausencia de cámaras de videovigilancia en el local rapiñado, la Policía ha requerido el acceso a las grabaciones del sistema de seguridad del Banco República, que se encuentra ubicado frente a la joyería. Se espera que estas imágenes puedan aportar información relevante para el esclarecimiento del hecho. El comercio asaltado, situado sobre la calle Bacigalupe, cuenta con una trayectoria de más de 65 años en la localidad. Se trata de una empresa familiar, donde trabajan la dueña y una empleada. "Estamos consternadas con lo sucedido, nunca pensamos que algo así podría pasarnos a nosotras", declaró la dueña, visiblemente afectada por el incidente. "Esperamos que la Policía pueda encontrar a los responsables y recuperar lo que nos robaron."