El delegado de Defensor Sporting, vinculado al mundo de la innovación y el emprendedurismo a través de proyectos como DLocal, Cubo Itaú, Gurucargo y Emprendedor Endeavor, presentó una innovadora propuesta ante la Comisión Directiva del club. Su llegada a la dirigencia del club se produjo, según relata, cuando Marcos Lombardo y Miguel Franco lo invitaron a sumarse como Delegado AUF. "Me dijeron ‘en el club necesitamos emprendedurismo, innovación’", recuerda. "Me pareció un desafío muy interesante ver cómo combinar mis dos pasiones: innovación y Defensor Sporting", agrega. Explica que "el desafío en un club es el mismo que tenemos todos los emprendedores cuando gestionamos una startup: encontrar la manera de generar alto impacto con escasos recursos". La propuesta, presentada el jueves 23 de octubre, consiste en cambiar el nombre de la tribuna "Punta Carretas" a "Jaime Roos". En sus palabras, la tribuna actual "es un recurso subutilizado, tal como si el Parque Viera tuviese una grada que se llamara 'Prado'". Considera que Jaime Roos es una figura que, además de ser uno de los músicos más importantes del Uruguay, es uno de los hinchas más representativos, famosos y paradigmáticos del club. "Cambiar el nombre de la tribuna a ‘Jaime Roos’ implica abrazar a una figura legendaria de la cultura uruguaya y de nuestro club. Jaime no solo es hincha confeso de Defensor Sporting, sino también el autor del himno moderno ‘Cometa de la Farola’, canción que resume el espíritu violeta", reza el texto oficial presentado en la Comisión. La petición dirigencial va aún más allá: "Hacerle este reconocimiento en vida no es solo un acto de justicia, sino una oportunidad histórica para posicionar a Defensor Sporting a la vanguardia de la cultura uruguaya, como el primer club en reconocer a un artista como parte esencial de su identidad. Esta propuesta se alinea con la idiosincrasia violeta. Y que somos el tercer grande del Uruguay no solamente por lo deportivo, sino también por el impacto cultural". Además, el delegado propone que, si Jaime Roos acepta el honor, se realice un concierto inaugural a la altura, con la participación y celebración del homenajeado. "El destino que planteo para los fondos recaudados del espectáculo lo considero también otro acto de justicia a una área que siempre suele tener la última prioridad en las instituciones deportivas en el Uruguay", explica. Los fondos recaudados se destinarían al desarrollo del fútbol femenino del club. "Propongo destinar el 100% de la ganancia de la recaudación del evento al desarrollo del fútbol femenino del club. Esta causa, justa y necesaria, está en sintonía con los principios históricos de Defensor Sporting, institución pionera en lo social", expone. La idea es mezclar el homenaje a Jaime Roos con un concierto inaugural y destinar lo recaudado al fútbol femenino. Ahora, presentada la idea, el delegado indica que "los primeros pasos serian corroborar si Jaime Roos acepta el homenaje, e involucrar a la comisión del futbol femenino, junto a la gerencia, en el armado de una propuesta, que sería presentada ante la dirigencia para su aprobación". De llevarse a cabo, sería un acto artístico sin precedentes en el país, mezclando música y fútbol. --- Crédito fotográfico: Twitter

La antepenúltima fecha del torneo Clausura puede ser clave en la definición del Clausura y la Anual tras el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que ratificó la quita de tres puntos a Nacional, tal como había resuelto la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras los incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio. Esta hace que las posiciones y diferencias en las diferentes tablas se queden como estaban con nueve puntos a resolver por delante. Es decir, Peñarol (29) arriba por cinco de los tricolores (24) en el Clausura y Nacional (76) por cuatro sobre los carboneros (72) en la Anual. En el último torneo corto del año se ubican terceros Liverpool [campeón del Apertura] y Defensor Sporting con 22, siete abajo del primero, cuando solo quedan nueve puntos por jugar. Este fin de semana puede quedar definido el torneo Clausura en favor de Peñarol y para que eso suceda se tienen que dar dos resultados claves. Lo principal es que los carboneros que comanda Diego Aguirre venzan a Cerro el sábado en el Tróccoli, así cómo dependerán de que Wanderers derrote a los albos el domingo en el Viera. Esto hará que los carboneros saquen ocho puntos con seis por delante, ya inalcanzables en el torneo, asegurando su presencia en una semifinal por la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool y peleando por la Anual ya que quedarían a un punto. En caso de cualquier otro resultado, el torneo seguirá abierto y hasta podría existir la posibilidad de una final entre los grandes en caso de igualdad tras las 15 fechas. Para que los tricolores se consagren en la tabla del año, tendrán que esperar que los albicelestes le ganen a los carboneros en el Cerro y luego vencer a los bohemios en el Prado. Con ello sacarán siete unidades de distancia con su tradicional adversario, asegurando su presencia en la gran final por el Uruguayo (régimen local y visitante), pero además quedaran a dos en el Clausura con seis por jugar. Recordemos que a los albos les queda por delante además de Wanderers, jugar ante Cerro y Defensor Sporting. A los mirasoles les resta Cerro, Defensor Sporting y Montevideo City Torque.

El astillero español Francisco Cardama S. A., compañía con la que el gobierno uruguayo decidió rescindir el contrato de las dos patrullas oceánicas tipo OPV para la Armada Nacional, ha atravesado en los últimos tiempos una delicada situación económica y societaria, resumida en un conflicto interno entre sus principales accionistas y problemas de liquidez en sus cuentas. El Poder Ejecutivo anunció este miércoles el inicio de los trámites de ruptura del acuerdo con la compañía por un monto de unos € 82 millones. La medida se adoptó luego de que el gobierno detectara irregularidades en una de las garantías, por lo que se presentarán este viernes acciones judiciales civiles y penales por presunto fraude o estafa. Según información publicada por el medio local Economía Digital, Cardama admitió en su último balance “tensiones de liquidez” que afectaban su capacidad para cumplir con los plazos. El contrato con Uruguay era actualmente el de mayor valor en ejecución para el astillero y la empresa había previsto colocar la quilla del primer buque en mayo de este año y la del segundo en diciembre. En su informe de 2024, Cardama explicó que esas tensiones financieras estaban relacionadas con los pagos pendientes de varios contratos internacionales —entre ellos uno con el gobierno de Senegal— y con los costos de un buque de inspección pesquera que el astillero había terminado tras adquirirlo en una subasta pública. La compañía indicó que, en ese caso, se produjo, además, un deterioro de crédito por unos € 4,1 millones. De acuerdo con los datos contables, la facturación del astillero creció un 31% durante el último ejercicio, alcanzando los 13,3 millones de euros. Sin embargo, el beneficio neto cayó más de un 69%, pasando de € 324.723 en 2023 a € 99.823 en 2024. La situación de liquidez llevó a Cardama a reestructurar su deuda con el Banco Santander, en el marco de las operaciones vinculadas a los proyectos que había heredado de otras compañías, y a solicitar asistencia financiera al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). Este organismo público le otorgó un préstamo por € 1 millón, con un plazo de ocho años y un período de carencia inicial. La documentación contable también detalla que la reestructuración de deuda incluye “acuerdos de obligación de venta en caso de recibir una oferta formal por un importe determinado en el plazo de 60 días desde su presentación efectiva”, lo que apunta a cláusulas asociadas a los activos comprometidos del astillero. A los problemas financieros se suma un conflicto societario. El empresario José García Costas —expresidente de la Cámara de Comercio de Vigo que controla el 39,6% del capital de Cardama a través de su empresa Groupmar— se negó a firmar las cuentas de la empresa de 2024. El restante 59,8% pertenece a Imbeira SL, sociedad liderada por el empresario Mario Cardama.

Daniela Cabral. Foto: Dante Fernández / Focouy De acuerdo con lo que contaron los testigos a los efectivos, cuando los vecinos le dieron la negativa, las dos personas comenzaron a ponerse violentos. De hecho, uno de ellos colocó el pie sobre la puerta para no permitir que se cerrara y luego usó la fuerza para intentar entrar. Luego, el otro individuo dijo que era para “dejar correspondencia”, algo que fue rechazado por los vecinos. Mientras tanto, ambos seguían forcejeando con las personas que estaban en el interior del edificio. Finalmente, se fueron luego de que les dijeran que iban a llamar a la Policía, algo que finalmente pasó. Las fuentes indicaron que actualmente trabajan las autoridades policiales con el fin de obtener más datos. Actualmente, la esposa del fallecido Gustavo Basso, Daniela Cabral, está transitando su prisión domiciliaria en Punta del Este, luego de ser imputada por un delito de estafa en el marco de la causa de Conexión Ganadera.

El gobierno presentó este viernes una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía que presentó en su contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones. La polémica se generó después de que el astillero español incumpliera con los plazos de la garantía de fiel cumplimiento, por la que tenía 45 días después de firmado el contrato, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. La empresa española era la encargada de construir dos patrullas oceánicas de 86,75 metros de eslora y 12,2 metros de manga e iban a ser entregados a la Armada Nacional, que los utilizaría para “el cuidado de la soberanía de los recursos naturales del país”. Desde el gobierno de Yamandú Orsi informaron que, en una primera instancia, el Estado uruguayo había acordado que Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento en un plazo de 45 días de firmado el contrato, que equivalía al 5% total de la obra. Sin embargo, la empresa española no cumplió con lo establecido y solicitó “sucesivas prórrogas”, que derivaron en un “largo procedimiento”. Ante esa notificación, el gobierno contrató a un estudio jurídico inglés, que en 24 horas constató que la gaceta oficial del Reino Unido había anunciado que la empresa que brindaría la garantía a Cardama estaba en proceso de liquidación desde el 19 de agosto de 2025. Además, según informó el semanario Búsqueda este mismo viernes, la institución bancaria que respalda la garantía, Eurocommerce Bank, cambió su dirección durante esta misma jornada. Según el citado medio, la nueva ubicación es 85 Great Portland Street en Londres, Reino Unido; otras empresas tienen sede en esa dirección y al menos tres de ellas fueron señaladas por incumplimientos de las normas antilavado en ese país por las autoridades competentes. Así, según dijo el secretario de Presidencia, Alejando Sánchez, en conferencia de prensa el pasado miércoles, “no se tomaron los recaudos por parte de la administración pública para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación”. “Este es el problema al que estamos enfrentados”, añadió. En julio de 2023, el gobierno anunció la compra de los dos buques. En agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Gustavo Musso, pidió el pase a retiro; él había realizado un informe a título personal en el que recomendaba comprar las OPV (Offshore Patrol Vessel, por sus siglas en inglés) al astillero Gondán, es decir, no a Cardama. El 15 de diciembre de ese mismo año, el Ministerio de Defensa —entonces encabezado por el actual senador nacionalista Javier García— y la empresa Francisco Cardama S. A. firmaron un contrato para la construcción y venta de dos buques OPV. El 25 de enero de 2024, antes de cumplirse esos 45 días, Cardama envió un correo al director general de la Secretaría de Defensa, Fabián Martínez, solicitando una prórroga de 30 días para constituir las garantías. Un mes después, la empresa informó que no había podido gestionar la garantía a través del Banco de Seguros del Estado y que recurriría a una nueva empresa, Soms.us. El 28 de febrero Cardama pidió una segunda prórroga, en este caso de 10 días, para “finalizar el proceso administrativo de las mismas”, según surge de un memorándum que elaboró el gobierno en el que se detalla todo. El 4 de marzo, el Ministerio de Defensa, ya bajo el liderazgo de Armando Castaingdebat, notificó la extensión de la prórroga solicitada. Entre el 5 y 11 de marzo, Cardama envió borradores de garantías a Defensa: el primero con Soms.us, el segundo con Redbrige y el tercero con Euro Exim Bank. El 11, la Secretaría de Estado pidió información al Banco Central del Uruguay sobre las dos últimas empresas. La respuesta fue que “no se pudo acceder a información financiera ni calificación de riesgo” y el ente sugirió “la necesidad de un asesoramiento jurídico y con corredor de seguros para determinar riesgos, procedimiento de reclamos y formas de pago”. Cardama envió certificados de Redbrige y Euro Exim Bank que supuestamente garantizaban su capacidad de emitir seguros. El 19 de marzo, Castaingdebat envió una nota a la empresa con “observaciones” sobre las garantías presentadas. Dos días después, Cardama contestó solicitando una reunión presencial y adjuntando documentación sobre Redbrige y Euro Exim Bank. El estudio jurídico Delpiazzo Abogados advirtió que Euro Exim Bank “no cumple con las condiciones de primer requerimiento exigidas por el contrato, y que su vigencia es de 42 meses a partir de la emisión y no desde la entrada en vigor”. Además, señaló observaciones sobre “jurisdicción, ley aplicable y fijación de idioma”. El 14 de junio de 2024, Cardama informó que había solicitado un nuevo aval bancario a Euro Exim Bank. El 9 de julio, comunicó que gestionaba otros avales, entre ellos, uno con Abitab. El 3 de setiembre, la empresa comunicó la negativa de Abitab a otorgar la garantía y solicitó un aplazamiento de 72 horas. El 6 de setiembre, Cardama presentó un borrador de la garantía de fiel cumplimiento emitido por Eurocommerce. Ese mismo día, el estudio Delpiazzo advirtió al director general de Recursos Financieros, Damián Galo, que el plazo para constituir la garantía había vencido. Delpiazzo señaló que “el borrador de garantía presentado por Eurocommerce no cumple con la exigencia contractual: solo se concede por 365 días, cuando el contrato establece 42 meses desde la entrada en vigor. Además, deja librada la posibilidad de ejecución al consentimiento del incumplidor, no queda claro el proceso de cobro ni si es a sola demanda”. El 12 de setiembre, el ministro de Defensa envió las observaciones a los borradores y proporcionó el número de cuenta del Ministerio de Defensa para un eventual depósito en efectivo. El 4 de octubre, la empresa remitió borradores de las garantías de Redbrige y Eurocommerce. Tres días después, Delpiazzo concluyó que la primera se ajustaba al contrato, pero que la segunda no cumplía las condiciones: tenía una vigencia de solo 365 días prorrogables. El 14 de octubre, Castaingdebat comunicó a Cardama: “Habiéndose analizado por parte del estudio Delpiazzo los borradores de avales remitidos a través de correo electrónico, tengo el agrado de comunicarle que estamos en condiciones de continuar con el proceso de entrada en vigor del contrato, por lo que se solicita que remitan las garantías originales a este ministerio”. El 29 de noviembre, el titular de Defensa aseguró que la construcción de las dos patrullas oceánicas había comenzado su “etapa final”. El 21 de abril de este año, ya bajo la actual administración, varios altos cargos y el excomandante de la Armada, Jorge Wilson, fueron sancionados por proporcionar información falsa o retrasar la entrega de datos sobre la compra de las embarcaciones a la ministra Sandra Lazo. Una semana después, Lazo anunció que su Secretaría de Estado abriría una investigación administrativa por la compra de las patrullas oceánicas. El 22 de julio, la Armada elaboró un informe en el que se hablaba de irregularidades en la construcción de los buques. El pasado 22 de octubre, el presidente Orsi anunció la demanda a Cardama ante “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado Uruguayo”. Ese mismo día, minutos antes de esa conferencia, la empresa quiso renovar la “supuesta” garantía con la misma empresa falsa —Eurocommerce—, indicó Sánchez. --- Fotos: FocoUy / Infodefensa

El presidente de ASSE, según fuentes consultadas, recibe un incentivo económico por su labor como investigador a través del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Este incentivo es gestionado por la ANII y dirigido por una comisión honoraria. El monto, si bien proviene de la agencia uruguaya, sigue un modelo similar a un “fondo de terceros”. El SNI tiene como objetivo, según su sitio web, promover “la categorización y el incentivo económico de los investigadores, la producción de conocimiento, transversal a todas las áreas, y el fortalecimiento y la expansión de la comunidad científica nacional”. En total, el SNI cuenta con 2.319 investigadores categorizados, 2.122 investigadores activos, 165 investigadores asociados y 32 investigadores eméritos. El presidente de ASSE pertenece al grupo de Ciencias Médicas y de la Salud, y ocupa el nivel I. El reglamento del SNI establece que para ser candidato al grupo que integra Danza, los postulantes deben poseer un doctorado o una producción equivalente demostrable en los cinco años anteriores a cada convocatoria, y ser capaces de llevar a cabo investigación original de forma independiente. La permanencia en esta categoría es de hasta tres años, con renovaciones sucesivas también de hasta tres años. Danza se presentó al programa a finales de 2024, antes de ser designado como jerarca en la administración de Yamandú Orsi, y fue aceptado el 22 de mayo de este año. El presidente de ASSE declaró a *El País* que “no oculta nada de nada”, y explicó que el incentivo del SNI no está incluido en su declaración jurada ante la Jutep porque “se corrige cada dos años”. Según la declaración jurada del jerarca, que generó polémica y llevó a la oposición a solicitar su renuncia o destitución por supuesta “violación de la Constitución”, el incentivo se suma a los sueldos de $ 5.000 del Fondo Nacional de Recursos, $ 50.000 de CAMS (mutualista de Soriano), $ 266.000 de la Asociación Española, $ 130.000 de ASSE, $ 50.000 de la Médica Uruguaya, y $ 78.000 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada por la oposición debido al respaldo del gobierno a Danza, basado en un estudio del estudio jurídico Delpiazzo que sostiene que sus actividades en el ámbito privado y público son compatibles con la Constitución. “Siempre vamos a estar a disposición de las consultas que los parlamentarios nos quieran hacer. El presidente de la República y yo estamos al tanto del seguimiento de la situación del doctor Danza. Seguimos afirmando nuestro respaldo a su gestión, así que creo que he sido clara. Estamos esperando el informe de Jutep”, dijo la ministra este viernes. Por otro lado, la oposición acusa a Danza de violar la Constitución al ejercer su cargo en el directorio público y en mutualistas, y ha pedido a Orsi y a Lustemberg su destitución. El diputado Lema cuestionó las “inmoralidades” de la situación de Danza, refiriéndose a su declaración jurada ante la Jutep, en la que declaró sus ingresos. “De los 640 mil pesos que cobra, 130 mil son por parte de ASSE, pero el resto prácticamente vienen de los prestadores con los cuales ASSE tiene que competir, o sea que está absolutamente condicionado. Porque esos recursos que dan para tener un vínculo laboral lo limitan en diferentes acciones que tienen que ver, nada más ni nada menos, con el prestador más grande de nuestro país”, sostuvo Lema. En ese sentido, afirmó que “esta situación es inadmisible y [Danza] no puede durar un minuto más en el cargo”. Danza. Foto: Dante Fernández / FocoUy (archivo)

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió desvincular al histórico sindicalista Jorge Bermúdez, quien hasta este viernes se desempeñó como secretario general. La decisión fue tomada durante una asamblea donde, según reportes, Bermúdez fue abucheado y silbado mientras pronunciaba un discurso. En la misma instancia, también se resolvió expulsar al exsecretario de Finanzas, Héctor dos Santos. Según información divulgada, estas determinaciones se fundamentan en una serie de irregularidades detectadas en la gestión de Bermúdez. Se alega que el exsecretario general de la FUS no declaró millones de pesos en gastos, situación que habría sido constatada a través de diversas auditorías externas encargadas por el gremio. Tras conocerse la resolución de la asamblea, Bermúdez se retiró del lugar en medio de abucheos y silbidos por parte de los presentes. En agosto de este año, Bermúdez ya había enfrentado acusaciones por presuntamente apropiarse de un remanente de dinero perteneciente al sindicato. En ese momento, se mencionó una suma de $ 180.000, la cual fue restituida por el dirigente sindical pocos días después de que el asunto se hiciera público. En declaraciones a Telenoche, Bermúdez reconoció la existencia de una cuenta a su nombre en Scotiabank, donde las empresas depositaban fondos destinados al Fondo de Formación. Justificó esta práctica argumentando que, hasta 2025, la FUS carecía de personería jurídica. “Lo que pasa es que todavía había empresas que no asociaron la cuenta nueva a su funcionamiento; por ejemplo, ayer, una depositó algo así como $ 40.000”, explicó el exsecretario, aludiendo a la persistencia de algunas compañías en utilizar la cuenta personal para realizar depósitos, desconociendo la existencia de una nueva cuenta bancaria del sindicato.

Diego Tato, un trabajador del Hotel Punta Gorda (Colonia), del que el Pit-Cnt tenía la concesión, sigue recolectando elementos para presentar una demanda en el ámbito laboral. La situación se originó porque Tato no llegó a un acuerdo con la central sindical, que le ofreció $400.000 como forma de saldar el despido. Ante esto, la abogada Alba Berretta resolvió que el caso deberá dirimirse en la órbita laboral, dado que entiende que el Pit-Cnt incumplió una serie de normas. "Sin embargo, Diego trabajaba con ropa que indicaba que era empleado del Pit-Cnt y en todo momento se comunicó con gente de ese sindicato y no de otro", había señalado la abogada. Ahora, en el marco de la recolección de pruebas que vienen realizando, surgieron conversaciones en las que Tato se vio afectado porque lo "amenazaban" con que se quedaría sin trabajo. Esto, según la abogada, provocó diferentes consecuencias en su entorno, aunque destacó que la última fue una certificación médica por estrés laboral. De acuerdo con Berretta, desde la central no le pagaron el dinero extra correspondiente a la nocturnidad. En ese período, en el que "vivía de noche y dormía de día", Tato terminó su relación de pareja de tres años porque no estaba en condiciones de "hacer otra cosa que trabajar". Cuando pedía un cambio de horario o algunas horas libres —que luego se ofrecía a recuperar—, desde la central le respondían que no podía. "Poco después de que el hotel se abrió, que todo fue comunicado por el Pit-Cnt y salió en medios locales y nacionales, comenzaron a hablar de que las finanzas no andaban bien. Con ese argumento, siempre le decían que le podían ofrecer eso o quedarse sin trabajo", relató Berretta. Los mensajes que recibió Tato de distintos sindicalistas que estaban detrás de la gestión del hotel indicaban que debía cumplir diversas tareas, pese a haber sido contratado solo como sereno, porque no había recursos para incorporar nuevos empleados. "Hacés esto o nada", le comunicaron. La abogada señaló que las tareas de su cliente eran muy variadas: "Era mesero, ayudaba a limpiar, hacía mantenimiento. Esto no era solo él, sino también los otros cuatro trabajadores", explicó. **Certificación médica** En los últimos meses, Tato no trabajó en el hotel porque estaba certificado por estrés laboral, según consta en la documentación médica. Ataques de ansiedad, malos hábitos alimenticios e insomnio lo llevaron a requerir medicación para poder continuar con su vida normal. Sin embargo, en medio de esa situación, desde la central sindical le informaron que el hotel dejaría de funcionar y que la concesión volvería a manos del Ministerio de Turismo. "Cuando entré a trabajar ahí, pensé que estaba salvado, porque nadie me iba a hacer cosas ilegales dentro de la central de trabajadores de Uruguay", contó Tato la semana pasada en una entrevista con el canal local ABC TV. La legislación uruguaya establece que si una empresa despide a un trabajador durante la licencia médica o dentro de los 30 días posteriores al alta, sin que exista una causa grave o vinculada a la enfermedad, se considera que hay una violación al régimen de estabilidad laboral. La ley 14.407 dispone una protección para estos casos: el trabajador puede ser despedido, pero el empleador debe pagar una indemnización especial equivalente al triple de la que corresponde en condiciones normales. En el caso de Tato, esto no ocurrió. Según la documentación presentada, el Pit-Cnt no abonó una indemnización, sino una liquidación. "No es que le ofrecieron un monto que correspondería a la indemnización, sino lo que ellos consideran que le deben", explicó Berretta. En el recibo que le entregaron cuando el hotel cerró, no figura el desglose del monto final, por lo que no se sabe cómo se compone. Además de considerar que la cifra "ni se acerca" a lo que exige la ley —porque es de $ 380.559—, la abogada sostuvo que es "una falta moral" que una central de trabajadores como el Pit-Cnt no haya esperado a que Tato se reincorporara. Con estos elementos, Tato reclamará a la central $1.125.508, correspondientes al pago adeudado por nocturnidad y a la indemnización que debió percibir al momento de su desvinculación. Desde el Pit-Cnt dijeron que el asunto ya está en manos de abogados y que, por ahora, prefiere no hacer aclaraciones sobre los puntos planteados por el demandante. "Lamentablemente, veníamos arrastrando un déficit crónico no administrable, por lo que se tomó esta resolución institucional. Todos estos procesos conllevan una carga difícil y traumática por todo lo que significa un cierre, no solo para los trabajadores del hotel, sino también por toda la inversión que se deja allí", había señalado el dirigente sindical Gabriel Melgarejo, quien fue mencionado públicamente por Tato.

El presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, manifestó su inmensa alegría por el triunfo 2-0 ante Peñarol en el Tróccoli. Calificó el partido como "especial" y destacó la presencia de "muchos hinchas siguiendo, además de los nuestros". "Nos llevamos los tres puntos que era nuestro objetivo", dijo Jaureguiverry a FutbolUy tras el partido. Añadió: "Nos sirve para pelear por una copa [Sudamericana] y además a mirar de forma diferente el año entrante. Se dio lo que se tenía que dar, fue para lo que trabajamos, nada fue improvisado". Jaureguiverry expresó: "Nunca un equipo puede pensar que va a venir al Tróccoli y nos va a hacer tres goles". Luego mencionó: "Era un partido especial, se mostró la chapa de Cerro, lo importante del escudo. Es para todo el plantel, directivos, socios, hinchas del club y del fútbol todo". Sobre este último punto, Jaureguiverry añadió: "Hoy tuvimos muchos hinchas que no son de Cerro pero querían que ganemos este partido. Nosotros vamos por nuestro equipo, los puntos para pelear por algo hasta el final". Jaureguiverry se tomó su tiempo para reflexionar sobre la previa del enfrentamiento y lo "dulce" que resultó la victoria en el Tróccoli. "Si ibas a una penca nadie lo daba a Cerro hoy, tampoco lo hacían varios partidos atrás. Fuimos trabajando, confiamos en el cuerpo técnico, respetamos los procesos, respaldamos a los jugadores". "Quizás no fue el día ideal desde lo climático, pero que llueva toda la noche que los tres puntos no me los quita nadie", dijo eufórico. "Todo lo que se habló y dijo queda en la nada porque la realidad está los 90 minutos. Todo lo demás es querer cubrir de cosas que realmente no corren". "Todo el mundo sabe que en el Tróccoli planteamos partidos complicados y yo desde un principio quise hacerlo acá", afirmó el presidente. "Fue una fiesta, con una hinchada histórica como la nuestra, gente trabajadora. Sabía que hoy ganábamos, lo mismo me sucedió el día que ascendimos a primera división. Tengo los pálpitos que no fallan", cerró.

El comunicador y candidato a diputado argentino Santiago Cúneo mantuvo un acalorado intercambio este viernes durante una entrevista en Informativo Sarandí con el periodista Daniel Castro, en la previa de una nueva jornada electoral en Argentina este domingo. Cúneo mantuvo un vínculo profesional con el presidente argentino Javier Milei hace muchos años y dice saber "información confidencial" sobre él producto de esa antigua relación, pero hoy es uno de sus principales opositores y lo define como un "enemigo". "El libertarianismo no existe; lo que hay es una continuidad del genocidio anglófilo en Argentina. Estos son los nietos de los hijos de puta que bombardearon la Plaza de Mayo; son los herederos de la oligarquía rancia con olor a bosta heredera de los planes masónicos ingleses en Argentina", criticó. Dado que al momento de la entrevista ya regía la veda electoral en Argentina por la proximidad con el comienzo de los comicios, el candidato peronista dijo al comienzo que se iba a tratar de no "violar las normas", algo que fue cuestionado más adelante por Castro. "¿Violar las normas no significa, por ejemplo, amenazar con revelar información confidencial sobre el presidente?", le retrucó el exconductor del informativo de Canal 4, a lo que Cúneo contestó: "Seguramente yo sea periodista antes de que vos supieras donde quedaba un micrófono". "Cuando yo hablo del presidente, lo hago en calidad de periodista. En la política tengo propuestas y en el periodismo soy multipremiado como periodista de investigación, y me sobran huevos e información para hacer lo que se me cantan las pelotas, sea el presidente o el último canillita", agregó el argentino. Seguido de eso, Castro le preguntó si dicho "estilo" confrontativo con el actual mandatario le estaba dando "resultados". "Si vos estás hablando conmigo, debe ser por algo. Si no, no me hubiera llamado", respondió Cúneo. "También hay que decir que desde hace tiempo tenemos un contacto muy respetuoso y, por otra parte, intercambiamos información. No me parece que sea lo que está quedando reflejado ahora; por momentos siento una falta de respeto de su parte", replicó Castro. Luego de ello, tras ser consultado sobre cuándo iba a revelar esa información que dice tener sobre el presidente argentino, Cúneo dijo que lo hará cuando crea que "sea el momento" porque "sería idiota que le diga a los generales enemigos" qué iba a hacer con eso. --- Crédito fotográfico: Fotos: capturas Radio Sarandí.